Foto: Humberto Matheus | Shutterstock
Texto: Fede Gayardo
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, finalmente entregó las actas de las votaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras varios días de críticas y cuestionamientos sobre la “victoria” de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, confirmó que se han recibido todos los documentos requeridos por parte del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo así con la orden judicial.
De acuerdo al informe, se entregaron ante la Sala Electoral del TSJ las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación, las cuales serán objeto de una revisión del resultado oficial difundido por el gobierno chavista.
El máximo tribunal del país iniciará el “proceso de peritaje del material consignado” dentro de un plazo de hasta 15 días, aunque se aclaró que este tiempo podría ser prorrogable.
Durante este proceso, se citarán a los candidatos presidenciales y representantes de los partidos políticos para que presenten todos los “instrumentos electorales” que tengan en su poder y sean sometidos a un interrogatorio.
La agencia de noticias EFE informó que entre los citados se encuentran el presidente Nicolás Maduro y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Además, también serán llamados varios representantes de otras formaciones políticas, secretarios generales, gobernadores y otros candidatos. Por parte del actual gobierno de Maduro, se citó a Diosdado Cabello, Hipólito Abreu, Ilenia Medina, Ricardo Sánchez y Didalco Bolívar.
La entrega de las actas electorales se llevó a cabo después de que el pasado viernes fueran solicitadas por el TSJ como parte de una investigación cuyo objetivo es “certificar” el resultado oficial de las elecciones.
Asimismo, solicitaron “todos los elementos” que demuestren “el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático” de la institución, el cual representó un “obstáculo a la oportuna transmisión de los resultados electorales”, según lo afirmado por el ente estatal.
