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Delcy Rodríguez ha ordenado la captura del jefe de seguridad de Nicolás Maduro, una acción que es interpretada como uno de los movimientos más decisivos en la purga interna que redefine el poder en Venezuela.
La destitución del mayor general Javier Marcano Tábata, quien era el responsable directo de la protección presidencial de Nicolás Maduro, revela profundas fracturas en el aparato de seguridad y envía un mensaje claro a la cúpula militar sobre el fin de las lealtades inquebrantables dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La decisión, que incluye una orden de captura, fue comunicada por la mandataria interina Delcy Rodríguez. Analistas la han interpretado como una señal de purga interna y reconfiguración obligada tras la caída de Nicolás Maduro.
Marcano Tábata desempeñaba dos roles esenciales: jefe de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), estructuras que durante años formaron el núcleo de protección del poder chavista.
Su destitución no solo representa un cambio administrativo, sino una ruptura significativa en la estructura de seguridad del gobierno venezolano.
El argumento oficial sostiene que esta medida se debe a supuestas incursiones de “drones no identificados” que fueron detectados la noche del lunes en las cercanías del Palacio de Miraflores y del Palacio Federal Legislativo.
No obstante, lejos de consolidar esfuerzos ante una amenaza externa, el incidente ha expuesto fallas críticas en los protocolos de defensa y una preocupante falta de coordinación entre las fuerzas militares y de inteligencia, especialmente en zonas estratégicas como Fuerte Tiuna.
Fuentes cercanas al alto mando indican que Marcano fue responsabilizado directamente por la pérdida de control operativo de estos sistemas, lo que habría precipitado su destitución y posterior arresto.
Este movimiento ocurre pocos días después de la operación militar estadounidense que resultó en la extracción de Maduro de territorio venezolano, un acontecimiento que reveló profundas grietas en el anillo de seguridad presidencial.
La incapacidad para anticipar o contener esa operación debilitó a aquellos que hasta ese momento eran considerados intocables dentro del esquema de poder.
Entre las acusaciones que circulan en entornos oficiales y militares se encuentran la identificación de vulnerabilidades críticas en la seguridad presidencial, abarcando áreas bajo control compartido cubano-venezolano; fallos en la custodia del Legislativo, que permitieron el ingreso de grupos que alteraron el orden durante recientes incidentes en la Asamblea Nacional, y supuestos contactos con actores externos.
