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¿Se están convirtiendo los agentes de ICE en los nuevos matones del barrio? Esta incómoda pero necesaria pregunta gana relevancia en medio de las acusaciones de detenciones irregulares y uso excesivo de la fuerza, tras el asesinato de una ciudadana estadounidense en Minnesota por parte de agentes de ICE. Las autoridades locales y legisladores han calificado este acto como un uso letal injustificado contra una persona que no representaba un peligro real.
La indignación de activistas, líderes comunitarios y políticos creció este miércoles tras la muerte a tiros de una mujer blanca de 37 años durante una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este incidente provocó protestas masivas en diversas áreas del estado y llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia ante el temor de disturbios.
Según la versión proporcionada por la administración federal, la mujer fue descrita como una “agitadora profesional” que intentó atropellar a un agente, quien respondió disparando en “defensa propia”. El presidente Donald Trump compartió en Truth Social un video que muestra el vehículo de la víctima alejándose y colisionando con otro automóvil.
No obstante, autoridades locales y congresistas demócratas cuestionaron severamente esta narrativa. Según las imágenes a las que accedieron las autoridades estatales, la mujer intentaba abandonar el área y evitar la confrontación cuando los agentes se aproximaron a su vehículo. Para estos funcionarios, el tiroteo no estuvo motivado por una amenaza inmediata y representa un uso letal de la fuerza que no se alinea con los protocolos establecidos.
El jefe de la Policía de Minneapolis afirmó que no hay evidencia de que la mujer fuera objetivo de ninguna operación de aplicación de la ley. “No hay nada que indique que esta persona estuviera involucrada en actividad criminal”, manifestó, añadiendo que la víctima estaba bloqueada por la presencia de los agentes al intentar irse.
Las protestas se concentraron especialmente en Minneapolis, donde cientos de ciudadanos se manifestaron para exigir responsabilidades y la retirada de los agentes federales. El alcalde de la ciudad fue claro al señalar que ICE “no está aquí para brindar seguridad”, mientras que el gobernador de Minnesota ordenó a la Guardia Nacional estar en alerta ante posibles episodios de agitación civil, recordando las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd.
La jefa del Departamento de Seguridad Nacional llegó a calificar el caso como un acto de “terrorismo interno”, una etiqueta que fue duramente criticada por organizaciones civiles y representantes electos, quienes consideran que este lenguaje intenta justificar una muerte ocurrida en un contexto de tensión, pero sin una amenaza real comprobada.
Paralelamente, la Casa Blanca lanzó la campaña “I Stand With ICE” para respaldar públicamente a la agencia migratoria. Según datos oficiales, los agentes enfrentan un aumento significativo de ataques y amenazas, argumento que se utiliza para justificar un endurecimiento de sus operativos. Sin embargo, los críticos advierten que ese respaldo institucional no puede servir como escudo ante hechos que deben ser investigados con la debida rigorosidad.
El asesinato de la mujer se produce en un contexto de más de mil detenciones migratorias en Minnesota desde que comenzó el despliegue de ICE, y revive el recuerdo de otros incidentes similares, como el ocurrido meses atrás en Chicago, donde agentes federales mataron a un ciudadano mexicano bajo argumentos que también fueron cuestionados posteriormente.
Tanto la administración federal como las autoridades locales han iniciado investigaciones sobre lo sucedido. Mientras tanto, el caso sigue profundizando la división entre quienes defienden sin cuestionamientos la actuación de ICE y quienes advierten sobre una cultura institucional que normaliza el uso de la fuerza letal en operaciones civiles.
La muerte de una ciudadana estadounidense a manos de una agencia federal no puede ser normalizada ni diluida entre comunicados oficiales, campañas de respaldo institucional o acusaciones realizadas sin pruebas contundentes.
Cuando el Estado dispara contra civiles y la rendición de cuentas se vuelve nebulosa, lo que está en juego no es solo una operación fallida, sino la credibilidad del sistema, los límites del poder armado y el valor real de la vida. Este caso no requiere consignas ni lealtades ciegas, sino una pregunta incómoda que sigue sin respuesta: ¿quién controla a quienes tienen la autoridad para matar?
