Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
Un “control popular” realizado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) volvió a centrar la atención en la venta informal de alimentos en La Habana.
Esta vez, la intervención se llevó a cabo en las cercanías del mercado de 17 y K, en el Vedado, donde se confiscó un total de cuatro carretillas y una variada gama de productos agrícolas, además de imponer sanciones económicas a varios vendedores.
Según informa el medio estatal Tribuna de La Habana, la acción se desarrolló en el Consejo Popular Rampa, perteneciente al municipio Plaza de la Revolución, resultando en la imposición de 10 multas que suman un total de 173.000 pesos, dirigidas a personas calificadas por las autoridades como “revendedores ilegales”.
El inventario de productos confiscados refleja el volumen del decomiso: “33 libras de col, 222.02 libras de tomate, 18 libras de malanga, 46.2 libras de pimiento, 127 libras de cebolla, 44 libras de plátano vianda más 21 unidades independientes, 132.47 libras de guayaba, 65 libras de aguacate más 63 unidades independientes, 174.34 libras de fruta bomba, 59.16 libras de limón, 61.49 libras de papa, 61.74 libras de pepino, 6.75 libras de zanahoria, 40 libras de piña, 19 libras de plátano burro y 14 libras de plátano fruta”.
En medio de la polémica que suelen generar estas acciones, Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa, aclaró en su perfil de Facebook el destino de los alimentos incautados.
“Los productos decomisados se destinaron a las escuelas primarias Arturo Montori y Orlando Pantoja, al círculo infantil Soldaditos y al SAF ‘El Rampeño’”, escribió el funcionario, defendiendo el carácter social de la medida.
El operativo ocurre en un contexto caracterizado por la persistente escasez, precios elevados y un acceso cada vez más complicado para amplios sectores de la población. En este escenario, la presencia de vendedores informales alrededor de los mercados se ha convertido en una alternativa -aunque precaria y perseguida- para muchos consumidores.
A pesar de que las autoridades presentan estos controles como parte de la lucha contra la “ilegalidad”, muchos cubanos cuestionan su impacto real. Para una parte de la ciudadanía, los decomisos no solo perjudican a pequeños vendedores, sino que reducen aún más la disponibilidad de alimentos en áreas donde la oferta estatal resulta claramente insuficiente.
