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En una operación sorpresiva frente a las costas de Venezuela, agentes estadounidenses abordaron el buque petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano con destino inicial a Cuba. La embarcación zarpó el 4 de diciembre desde puertos venezolanos con casi dos millones de barriles de petróleo pesado a bordo, y su captura ha causado una ola de reacciones en Caracas y La Habana, donde el gobierno cubano ha calificado la acción como un acto de “piratería y terrorismo marítimo”.
A pesar de que el destino declarado del Skipper era el puerto cubano de Matanzas, el barco solo transfirió una pequeña porción de su carga, alrededor de 50,000 barriles, a otro buque, el Neptune 6, que continuó hacia la isla. Posteriormente, el Skipper cambió de rumbo y se dirigió hacia Asia, manteniendo el resto de su carga a bordo. Esta maniobra, según fuentes del sector energético venezolano y datos de la firma Kpler, evidencia una práctica que se ha vuelto común: desviar parte del petróleo destinado a Cuba para su reventa en otros mercados, principalmente en China.
Este tipo de operaciones refleja los estrechos vínculos entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, basados en un intercambio asimétrico que ha perdurado por décadas.
Venezuela envía crudo subsidiado a Cuba, mientras que la isla a su vez proporciona médicos, asesores deportivos y, más recientemente, personal de seguridad que ha adquirido protagonismo en la protección del mandatario venezolano. Sin embargo, los envíos a la isla se han visto reducidos, desviados o revendidos, lo que ha suscitado interrogantes sobre el verdadero destino de estos recursos, de acuerdo con The New York Times.
Documentos de la estatal PDVSA indican que Cubametales, la empresa pública cubana encargada del comercio petrolero, ha incrementado en un 29% sus contratos de compra de crudo venezolano en comparación con el año anterior, alcanzando un promedio de 65,000 barriles diarios. No obstante, gran parte de ese crudo nunca llega a Cuba.
Fuentes cercanas al gobierno venezolano informan que los ingresos obtenidos por estas reventas han servido para obtener divisas y financiar importaciones; sin embargo, la falta de transparencia en el manejo de estos recursos dificulta determinar su uso final.
La incautación del Skipper se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. La embarcación, que anteriormente formaba parte de la flota encubierta de Irán, fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas especiales estadounidenses, que bajaron en helicóptero sobre la cubierta sin encontrar resistencia. Washington ha indicado que planea confiscar el petróleo, valorado en decenas de millones de dólares, y trasladar el buque al puerto de Galveston, Texas.
El empresario panameño Ramón Carretero, sancionado esta semana por el Departamento del Tesoro, se presenta como una figura clave en la conexión entre PDVSA y Cubametales. Sus compañías han intermediado hasta una cuarta parte del crudo exportado por Venezuela este año.
Además, la captura del Skipper revela un patrón de cooperación entre actores sancionados por Estados Unidos: Venezuela, Cuba, Irán y Rusia han tejido una red de asistencia energética que desafía el aislamiento impuesto por Washington.
La tripulación del buque era mayoritariamente rusa y el carguero había sido utilizado anteriormente por Irán para transportar crudo a Siria y China. Expertos como Homayoun Falakshahi, de la firma Kpler, advierten que esta red opera con lógicas más comerciales que ideológicas: el objetivo común es sortear las sanciones y mantener el flujo de ingresos.
En La Habana, el impacto de estas maniobras se traduce en una realidad más tangible: apagones, escasez de combustible y una crisis económica que ha deteriorado todos los sectores del país. Aunque el petróleo venezolano genera parte de la electricidad que sostiene la isla, no ha sido suficiente para revertir el deterioro.
