Foto: Archivo CN360
La enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez, conocida como Rosy, fue asesinada por su pareja en el municipio de Palmira, Cienfuegos, el pasado 30 de noviembre. Este crimen, confirmado por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), resalta nuevamente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia machista en Cuba.
Rosy, de 46 años, era reconocida por su dedicación al trabajo en el sistema de salud y tenía un gran respeto en su comunidad del batey Elpidio Gómez. Durante años, soportó maltratos a manos de su agresor, Arisbel Suárez, quien finalmente la estranguló en el hogar que compartían. No hubo intervención institucional previa ni protección efectiva, a pesar de los antecedentes de violencia que existían.
Alas Tensas, al confirmar el feminicidio, denunció una vez más la falta de infraestructura estatal para proteger a mujeres en situación de riesgo: no hay refugios, acompañamiento psicológico, campañas educativas, ni una ley integral que aborde la violencia de género. Las víctimas siguen atrapadas en un ciclo de maltrato sin posibilidad de escape.
El agresor, conocido como “Felipillo”, se dio a la fuga tras cometer el crimen. La página en Facebook “Nio Reportando un Crimen” fue una de las primeras en identificarlo y difundir detalles del caso. Según vecinos y reportes comunitarios, Suárez tiene antecedentes penales relacionados con la matanza ilegal de ganado.
La noticia fue corroborada por redes independientes como OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que actúan como fuentes confiables de información sobre la violencia de género en el país. Ante la ausencia de cifras oficiales y la falta de reconocimiento legal del feminicidio, estos observatorios mantienen el único registro sistemático de estos crímenes.
Hasta el 3 de diciembre de 2025, OGAT y YSTCC han documentado en Cuba 42 feminicidios, 1 asesinato de hombre por razones de género, 16 intentos de feminicidio y 3 casos aún en proceso de verificación. Asimismo, están investigando 7 incidentes sospechosos en varias provincias del país.
Las organizaciones advierten que este escenario representa una emergencia nacional. Las mujeres cubanas carecen de mecanismos seguros para denunciar, escapar de sus agresores y obtener justicia. La impunidad y la falta de protección institucional agravan aún más la problemática.
