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La Unión Europea se encuentra cerca de aprobar una de las reformas migratorias más severas en su historia reciente, lo que implica un endurecimiento de los procedimientos de asilo, una aceleración de las deportaciones y una expansión del uso de centros de detención. Este nuevo enfoque, ampliamente debatido en Bruselas, recuerda las políticas implementadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Según informes de Associated Press, los ministros europeos han acordado la creación de listas de “países seguros” tanto de origen como de tránsito. Esta clasificación aportará la posibilidad de rechazar un mayor número de solicitudes de asilo y facilitar las expulsiones en plazos más breves para quienes provengan de territorios considerados sin riesgo.
Asimismo, se ha aprobado el concepto de “tercer país seguro”, que permite a los Estados miembros trasladar a los migrantes a países fuera de la UE donde pueden solicitar protección.
El ministro danés Rasmus Stoklund argumentó que las nuevas normativas buscan frenar solicitudes infundadas y acelerar los retornos, citando que no pueden ser las redes de tráfico las que determinen quién ingresa al continente.
El paquete incluye un fondo común de 430 millones de euros destinado a ayudar a las naciones que enfrentan una mayor presión migratoria, entre ellas Italia, Grecia, Chipre y España. Sin embargo, países como Hungría y Polonia siguen rechazando cualquier mecanismo que implique cuotas obligatorias o contribuciones financieras vinculadas a la aceptación de migrantes.
A medida que la Comisión Europea sostiene que el sistema devolverá a los ciudadanos la “sensación de control” en las fronteras, organizaciones humanitarias y sectores progresistas advierten sobre los riesgos que conlleva este nuevo modelo. Olivia Sundberg Diez, abogada de Amnistía Internacional, comparó directamente la reforma con el enfoque de Trump, alertando que podría causar un daño significativo tanto a las personas migrantes como a las comunidades que las acogen.
La propuesta deberá ser negociada con los 720 eurodiputados del Parlamento Europeo, aunque cuenta con un sólido apoyo de partidos de derecha y ultraderecha. Entre los aspectos más controversiales se encuentran los denominados “centros de retorno”, instalaciones diseñadas en realidad para procesar deportaciones.
Estos centros podrían establecerse fuera del territorio comunitario mediante acuerdos con terceros países, replicando la estrategia que Estados Unidos aplicó con México y Guatemala durante el mandato de Trump.
El endurecimiento de la política migratoria europea también es un reflejo de años de tensiones internas desde la crisis de 2015, cuando más de un millón de refugiados, principalmente de Siria e Irak, llegaron al continente. No obstante, el pacto actual muestra un giro marcado hacia el control y la contención, alineándose más con las corrientes restrictivas adoptadas en Estados Unidos en los últimos años.
