Foto: Archivo CN360
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos ha comenzado una nueva fase en la implementación de la ley migratoria al enviar cartas formales de cobro a quienes actuaron como patrocinadores de migrantes en programas diversos, incluido el parole humanitario. Estas cartas exigen el reembolso de costos generados por beneficios públicos como Medicaid y asistencia alimentaria que utilizaron los migrantes patrocinados.
Jim O’Neill, subsecretario del HHS, confirmó esta medida en un comunicado y a través de redes sociales, afirmando que los patrocinadores que se comprometieron a garantizar el apoyo financiero de un inmigrante en Estados Unidos son responsables de cubrir los costos de los beneficios públicos utilizados por esa persona.
Aquellos que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar «acciones federales agresivas» mediante todos los recursos legales disponibles, explicó O’Neill.
El fundamento de estas medidas está en el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Apoyo, un documento legal que los patrocinadores deben firmar al respaldar a un inmigrante para asegurar estabilidad económica y demostrar que esa persona no se convertirá en una “carga pública” para el Estado.
La normativa establece que quien asume esa responsabilidad puede ser requerido a reembolsar al gobierno los beneficios públicos que ha recibido el inmigrante, hasta que cumplas ciertos criterios.
De acuerdo a la legislación vigente, esta obligación no es temporal: persiste mientras el inmigrante no obtenga la ciudadanía estadounidense, no acumule 40 trimestres de trabajo calificado en EE. UU., no abandone su residencia legal o fallezca.
Esto implica que los patrocinadores podrían ser responsables durante años si el inmigrante patrocinado accede a programas como los food stamps antes de cumplir con esos requisitos.
La iniciativa ha suscitado reacciones divididas. Legisladores conservadores han aplaudido la mayor aplicación de la ley como un paso hacia la protección de los recursos públicos y el refuerzo de la responsabilidad individual. En contraste, otros expertos y legisladores menos radicales advierten que estas cartas pueden generar incertidumbre entre las familias inmigrantes y sus patrocinadores, especialmente en comunidades donde el acceso a beneficios públicos está relacionado con necesidades básicas de salud y alimentación.
Hasta ahora, se ha confirmado el envío de al menos diez cartas asociadas a casos en los que los inmigrantes patrocinados estaban inscritos en Medicaid, aunque se prevé que este número aumente a medida que las autoridades federales sigan revisando datos.
