Foto: RL Hevia
La escasez de liquidez, las diferencias cambiarias y la dependencia del mercado informal siguen debilitando el funcionamiento real de la economía cubana. Ante este panorama, el gobierno cubano ha implementado un nuevo sistema para gestionar y asignar divisas en el país, respaldado por la publicación del Decreto Ley 113.
Según informaron medios estatales, la medida establece un mecanismo para autorizar quiénes pueden operar en divisas dentro de Cuba, qué operaciones están permitidas y bajo qué condiciones, con el objetivo de regular un sector que desde hace años opera con severos desequilibrios.
Las nuevas normas, apoyadas por directrices del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central de Cuba (BCC), reconocen que no toda la actividad económica puede continuar funcionando exclusivamente en pesos cubanos, permitiendo que ciertos sectores productivos utilicen monedas extranjeras en un país donde la demanda de divisas supera con creces la oferta disponible en los canales oficiales.
El ministro de Economía indicó que este «ordenamiento» tiene como fin estructurar un entorno que ha estado marcado por años de dispersión, regulando las operaciones en divisas a través de cuentas existentes o mediante las Asignaciones de Capacidad de Acceso a las Divisas (ACAD), un mecanismo que define cómo las entidades no exportadoras pueden solicitar acceso a divisas para importar, siempre bajo aprobación estatal.
Asimismo, se busca establecer claramente los accesos lícitos a la divisa, un aspecto crucial en un país donde la mayoría de los actores económicos obtienen divisas en el mercado informal, y especificar qué transacciones internas se llevarán a cabo en monedas extranjeras.
El ministro enfatizó que el objetivo es atraer divisas desde el exterior, principalmente a través de exportaciones, comercio electrónico y otras actividades que puedan generar ingresos frescos dado el creciente déficit existente en el país.
Acceso legal y retención de divisas
El marco jurídico de la norma, que podría ser el primer paso hacia la implementación de la tasa flotante anunciada hace un año, establece las fuentes legales de entrada de divisas y los procedimientos para que las entidades autorizadas retengan parte de sus ingresos.
El objetivo, según se aclaró, es permitir que estas empresas dispongan de fondos para financiar sus propias actividades, aunque la aprobación para operar continuará dependiendo de decisiones ministeriales, que suelen ser burocráticas.
En este sentido, la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, explicó que la institución definirá quién puede abrir cuentas en divisas, para qué se utilizarán y bajo qué licencias, así como la adaptación de las operaciones de la Zona Especial de Desarrollo Mariel a este nuevo esquema.
Uno de los aspectos más contradictorios es que, por el momento, todo estará vinculado al tipo de cambio oficial, que dista mucho del que rige en el mercado informal, lo que sigue siendo una de las principales distorsiones que afectan a empresas, productores y consumidores.
En el contexto actual, el Decreto Ley 113 representa un esfuerzo por reorganizar un sistema financiero presionado por la falta de liquidez y distorsiones acumuladas, aunque su aplicación sigue siendo incierta ante fórmulas que nunca han dado resultados efectivos.
