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El juicio contra Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, marcó un momento sin precedentes en la historia reciente del gobierno cubano. La sentencia fue de cadena perpetua por delitos de espionaje y corrupción.
El encargado de liderar la acusación fue Edward Roberts Campbell, un fiscal que, aunque de perfil bajo ante la opinión pública, ha ido ganando protagonismo en juicios significativos para el sistema.
Gil, quien fue un pilar del gabinete de Miguel Díaz-Canel durante varios años, se vio envuelto en una situación de crisis económica, desabastecimiento y creciente descontento social. Su arresto tomó por sorpresa a muchos, pero el secretismo del juicio, sin acceso público ni cobertura mediática, dejó claro que el caso tenía tanto motivos judiciales como intereses políticos.
Dentro de esta estructura de escarmiento, el fiscal Campbell fue más que una figura técnica. Desde diciembre de 2020, ocupa el cargo de Fiscal Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, una dependencia utilizada por el Estado no solo para combatir delitos reales, sino también para ajustar cuentas internas y enviar advertencias al exterior. Su rol en la condena de Gil subrayó su influencia en las dinámicas más sensibles del gobierno.
La cadena perpetua impuesta al exministro fue vista por varios analistas como una purga ejemplar. Muchos consideraron que el juicio fue más un proceso político que una justicia penal. Las acusaciones de espionaje, en particular, suscitaron sospechas sobre tensiones internas dentro de la cúpula. En un sistema donde las lealtades son monitoreadas rigurosamente, la caída de Gil funcionó como un aviso para otros altos funcionarios.
No es la primera vez que Campbell se encuentra en el centro de un caso controvertido. También figura en el expediente de Sulmira Martínez Pérez, una joven de 22 años condenada por convocar protestas a través de Facebook. Aunque ambos casos son muy diferentes, comparten un hilo común: la utilización de la justicia como herramienta política. Campbell ha sido una figura visible en esta lógica de castigo y control.
Con la caída de Alejandro Gil y el incremento de los juicios contra figuras públicas y ciudadanos comunes, el sistema judicial cubano refuerza su rol como brazo político del gobierno. En este contexto, Edward Roberts Campbell se destaca como uno de sus operadores más eficaces y temidos.
