Foto: Archivo CN360
Un reciente informe del Proyecto de Datos de Deportación, desarrollado por la Universidad de California en Berkeley, pone de manifiesto una notable contradicción entre el discurso oficial del gobierno estadounidense y las prácticas reales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Lejos de enfocarse únicamente en delincuentes peligrosos, como ha afirmado la retórica gubernamental, los datos indican que más de 75,000 personas detenidas por ICE este año no tenían antecedentes penales.
Los arrestos se produjeron entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, período durante el cual ICE detuvo a casi 220 mil migrantes. El informe, apoyado por información obtenida a través de una demanda contra la propia agencia, revela que al menos un tercio de los detenidos no tiene historial criminal. Este hallazgo desafía directamente la narrativa de la administración, que ha justificado sus operaciones más agresivas alegando que se dirige contra “asesinos, violadores y pandilleros”.
Para Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, las cifras son elocuentes. “Esto contradice lo que la administración ha estado diciendo sobre las personas que son criminales convictos y que están persiguiendo a los peores de los peores”, aseguró en declaraciones a NBC Miami. Aunque la Casa Blanca ha insistido en una estrategia selectiva, el informe sugiere una política de detención mucho más amplia y generalizada.
El perfil de los arrestados es predominantemente masculino (90%) y joven: más del 60% tiene entre 25 y 45 años. Los países de origen con mayor representación entre los detenidos son México (85,000 casos), Guatemala (31,000) y Honduras (24,000). Sin embargo, el informe no especifica la gravedad de los antecedentes penales de aquellos que sí los tenían, lo que impide evaluar cuántos casos se relacionan realmente con delitos graves.
Una cifra adicional proporciona más claridad sobre la complejidad del panorama: unas 22,959 personas abandonaron el país voluntariamente, sin enfrentarse a un proceso formal de deportación. Esto sugiere que muchas de las detenciones no concluyen en procesos judiciales, sino que resultan en retornos no forzados.
El aumento de los arrestos también responde a presiones internas. En mayo, Stephen Miller, entonces subjefe de gabinete, exigió al ICE cumplir con una cuota de 3,000 arrestos diarios bajo amenaza de despidos. Sin embargo, los números se quedaron lejos de esa meta: entre enero y octubre, se realizaron en promedio 824 detenciones por día. Aunque esto representa un aumento respecto a los 312 arrestos diarios de 2024 durante la administración Biden, la cifra sigue siendo inferior a las expectativas establecidas desde la Casa Blanca.
El informe también destaca una grave laguna informativa: no se incluyeron los datos de la Patrulla Fronteriza, a pesar de su participación en operativos migratorios en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva Orleans. Ariel Ruiz Soto advirtió sobre este vacío: “Esa es la caja negra de la que no sabemos nada”. A pesar de depender del mismo Departamento de Seguridad Nacional, la falta de transparencia en las cifras de la Patrulla Fronteriza impide tener una visión completa del sistema de detención migratoria en EE.UU.
