Foto: Archivo CN360
A medida que el chikungunya y el dengue se propagan sin control por el país, el gobierno cubano persiste en no declarar una emergencia sanitaria nacional. Esto contrasta con los más de 20,000 casos confirmados de chikungunya reportados hace 15 días por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y la creciente presión social que exige acciones inmediatas.
En su último informe, el MINSAP admitió que más de cien municipios han visto un aumento en las consultas por síndromes febriles inespecíficos. También reconoció la circulación activa del serotipo 4 del dengue. Las provincias de Guantánamo, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara son las que presentan los mayores niveles de casos sospechosos. Sin embargo, la respuesta institucional no ha ido más allá del monitoreo y la asignación de brigadas sanitarias en algunas áreas específicas.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta una realidad dolorosa: hospitales colapsados, escasez de medicamentos, diagnósticos limitados y barrios enteros donde “todos están enfermos”, según testimonios recopilados en La Habana, Cienfuegos y Pinar del Río. Las denuncias en redes sociales apuntan al abandono estatal como una de las causas directas del deterioro sanitario, evidenciado en fosas desbordadas, basura acumulada y una falta total de fumigación que caracteriza el entorno habitual.
La pregunta clave permanece: ¿por qué no se ha declarado una emergencia sanitaria? Una posible explicación radica en la política de contención del discurso de crisis que el gobierno ha mantenido durante décadas. Reconocer formalmente una emergencia significaría aceptar el colapso del sistema de salud, visibilizar fallas estructurales profundas y abrir la puerta a una intervención internacional, algo que el régimen ha evitado sistemáticamente por razones ideológicas y de control político.
En este contexto, voces como la de la activista Amelia Calzadilla exigen a la comunidad internacional una “intervención humanitaria urgente”. Desde España, Calzadilla ha denunciado que el gobierno de Miguel Díaz-Canel “oculta la magnitud del brote” y “pone en riesgo la vida de millones”. Sus declaraciones no son aisladas: cada vez más cubanos solicitan ayuda de organismos como la OPS o la OMS.
Calzadilla también ha denunciado abusos laborales relacionados con la crisis sanitaria. Trabajadores del Ministerio de Educación han sido amenazados con recortes salariales si presentan certificados médicos, lo que, en sus palabras, “es un chantaje inhumano” y demuestra que el Estado no solo no protege a los enfermos, sino que los penaliza. “Prefieren que la gente esté débil y en casa antes que protestando”, afirmó.
El costo humano de esta política de silencio continúa aumentando. Muchos ciudadanos optan por tratarse en casa, utilizando sueros comprados en el mercado negro a precios inalcanzables. La desconfianza hacia las cifras oficiales crece, mientras se multiplican los contagios y se intensifican los pedidos de ayuda internacional. Sin una declaración de emergencia, no hay acceso expedito a recursos externos ni a brigadas médicas de apoyo.
