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El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo conjunto de normas que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a las cooperativas no agropecuarias actuar como comercializadoras mayoristas. Esta medida, según el gobierno, forma parte de su estrategia para «reimpulsar la economía» y reorganizar las relaciones entre los actores estatales y privados. Sin embargo, su implementación estará sujeta a un sistema de autorizaciones centralizadas y a la vinculación con la estrategia de desarrollo territorial.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó en la última reunión del Consejo de Ministros que la nueva regulación busca ordenar la comercialización en el sector no estatal. Este paquete legal fue aprobado después de un proceso que, según el gobierno, incluyó consultas con representantes de mipymes, gobiernos locales y otras instituciones.
Uno de los cambios más relevantes es que las mipymes y cooperativas con licencias para operar como mayoristas podrán establecer relaciones contractuales con una amplia variedad de actores: desde empresas estatales y organismos internacionales, hasta instituciones religiosas, actores económicos privados y usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Además, se permite el vínculo comercial con empresas extranjeras, ampliando así el alcance formal del comercio no estatal.
Por otra parte, se confirmó que los productores privados podrán vender tanto al por mayor como al detalle, incluyendo materias primas y productos relacionados con su actividad principal. Esta disposición busca integrar al sector productivo no estatal en los canales de distribución formal, sin que se les restrinja el acceso al cliente final.
No obstante, la creación de nuevos negocios dedicados exclusivamente al comercio mayorista estará bajo un control centralizado. Para obtener la autorización, deberán inscribirse en la plataforma de actores económicos y demostrar que sus actividades se alinean con la estrategia territorial de desarrollo. Además, el comercio mayorista deberá ser su actividad principal, excluyendo a negocios con actividades múltiples o mezcladas.
La ministra aseguró que estas regulaciones “flexibilizan y ordenan” el mercado, con el objetivo de ampliar la oferta y contribuir a la reducción de los precios al consumidor.
