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Una jueza federal en California ha declarado ilegal la normativa que impedía a miles de inmigrantes acceder a audiencias de fianza, abriendo así la posibilidad de liberaciones masivas en los centros de detención migratoria en Estados Unidos.
La decisión, emitida por la jueza Sunshine S. Sykes, del Distrito Central de California, invalida una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que, desde julio de 2025, permitía clasificar a personas ya residentes en Estados Unidos como “solicitantes de admisión”, lo que les habilitaba para una detención indefinida sin derecho a fianza.
Este fallo también certifica una demanda colectiva de alcance nacional, lo cual implica que miles de personas detenidas bajo esa interpretación ahora podrán solicitar audiencias individuales para evaluar su posible liberación.
De acuerdo con datos citados en documentos judiciales y reportes recientes, más de 65,000 inmigrantes se encuentran en custodia del sistema migratorio estadounidense. Una parte significativa de ellos podría beneficiarse de esta decisión, siempre que demuestren ante un juez que no representan un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga.
La sentencia constituye un golpe directo a la estrategia del gobierno federal, que había apostado por un incremento sustancial de las detenciones como herramienta clave para gestionar la inmigración irregular.
Organizaciones de derechos civiles habían señalado durante meses que la reinterpretación de la ley migratoria violaba el debido proceso y convertía la detención en una norma, incluso para individuos con años de residencia en el país, vínculos familiares estables y empleos formales.
El fallo argumenta que el DHS excedió la autoridad otorgada por el Congreso al aplicar la figura de “applicant for admission” a individuos arrestados dentro del territorio estadounidense, algo que la normativa no contempla explícitamente. Según la jueza Sykes, esta interpretación es incompatible con los principios constitucionales que rigen las detenciones prolongadas.
El impacto de esta decisión podría extenderse rápidamente, especialmente en estados donde se concentran grandes centros de detención, tales como Florida, Texas, Arizona, Luisiana y California.
Abogados migratorios consultados en medios estadounidenses han destacado que este es uno de los fallos más significativos en materia de detención migratoria en los últimos años, dado que obliga al gobierno a restablecer audiencias de fianza que habían sido prácticamente suspendidas para una amplia categoría de detenidos.
Para las comunidades latinas, incluida la comunidad cubana, este fallo ofrece una posibilidad concreta de que familiares detenidos recientemente puedan solicitar su liberación en breve.
En meses recientes, numerosas redadas y operativos del DHS han llevado a un aumento en el número de cubanos bajo custodia migratoria, muchos de los cuales no tuvieron acceso a fianza tras ser reclasificados bajo la política ahora anulada.
La administración federal aún no ha confirmado si apelará la decisión, pero especialistas anticipan que el caso podría ascender a tribunales superiores, dada su relevancia política y su impacto en la agenda migratoria nacional. Mientras tanto, los tribunales de inmigración deberán prepararse para un incremento inmediato en las solicitudes de audiencias de fianza en todo el país.
Este fallo representa un punto de inflexión en el debate sobre la detención migratoria y devuelve al sistema la obligación de evaluar cada caso de manera individual, en lugar de mantener detenciones automáticas sin revisión judicial.
Para miles de migrantes, representa la primera oportunidad en meses, o incluso años, de recuperar la libertad mientras continúan sus procesos migratorios.
