Foto: Cuba Noticias 360
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) ha determinado que al menos 49 de los manifestantes del 11-J encarcelados en Cuba fueron víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, aislamiento y juicios sin garantías.
Esta resolución fue presentada durante la 103ª sesión del organismo y representa, según Prisoners Defenders, una “condena histórica” contra el Estado cubano.
No se emitieron órdenes de arresto, ni hubo jueces o abogados presentes. A muchos de los detenidos no se les informó del motivo de su arresto, y tampoco se les permitió comunicarse con sus familias. Algunos permanecieron incomunicados durante días o semanas, mientras que otros simplemente desaparecieron. Todo esto, según el informe, constituye una violación sistemática de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid, fue la encargada de documentar los casos y presentar la denuncia ante las Naciones Unidas. Según su director, Javier Larrondo, este proceso tomó años. Más de diez juristas revisaron miles de documentos de 520 detenidos, aunque el Grupo de Trabajo solo ha podido emitir opiniones sobre 66 de ellos entre 2024 y 2025. La falta de recursos limita la capacidad del organismo, pero sus conclusiones son contundentes.
La ONU no solo considera ilegales estas detenciones, sino que también insta al gobierno cubano a liberar a los presos, indemnizarlos y ofrecerles reparaciones conforme a la legislación internacional. Además, exige una investigación “exhaustiva e independiente” para determinar responsabilidades dentro del aparato estatal. Hasta ahora, todo indica que no habrá respuesta desde La Habana; de hecho, el 7 de marzo se solicitó información oficial y, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna respuesta ni prórroga.
El 11 de julio de 2021 marcó un hito significativo. Más de 1.500 personas fueron detenidas en todo el país tras manifestaciones espontáneas que exigían libertad y alimentos. La respuesta del gobierno fue la represión, sentencias severas, juicios sumarios y silencio. Cuatro años después, muchos de esos manifestantes siguen en prisión, y otros han sido liberados, pero llevan consigo secuelas físicas y psicológicas.
El informe también posiciona a Cuba como el país con más condenas por detenciones arbitrarias desde 2019, lo que refuerza la postura de activistas, exiliados y organizaciones internacionales que han estado advirtiendo sobre el deterioro sistemático de los derechos humanos en la Isla.
