Foto: RL Hevia
En oposición a la petición generalizada de un juicio público para el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular anunció oficialmente que el juicio oral se llevará a cabo este martes 11 de noviembre en horario matutino.
De acuerdo con una breve nota, el caso se está tramitando por delitos contra la Seguridad del Estado y el juicio se regirá por lo estipulado en los artículos 153 de la Constitución de la República y 477.1 de la Ley del Proceso Penal. Esto significa que la vista tendrá lugar bajo estrictas condiciones de Seguridad Nacional, sin acceso para el público ni para la prensa.
En esta línea, solo podrán participar las partes procesales y aquellas personas expresamente autorizadas por el tribunal, una norma que limita la transparencia de un proceso de gran relevancia pública.
Las autoridades judiciales han indicado que tanto el acusado como sus abogados han tenido acceso al expediente, a las conclusiones de la Fiscalía y han presentado las conclusiones de la defensa, «cumpliendo con las garantías del debido proceso».
Gil fue, por mucho tiempo, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Miguel Díaz-Canel, encargado de mantener las estrategias económicas durante una crisis sin precedentes.
El exministro, destituido en febrero de 2024, fue denunciado por la Fiscalía General de la República por una larga lista de delitos, que incluyen espionaje, malversación, lavado de activos, tráfico de influencias, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y violación de normas sobre la protección de documentos clasificados, entre otros.
La acusación también involucra actos en detrimento de la actividad económica del Estado y de la contratación pública, delitos por los cuales la Fiscalía ha solicitado sanciones privativas de libertad.
La imputación por espionaje, un cargo extremadamente grave en la legislación cubana, coloca el caso en un contexto político inédito desde los procesos de los años 80, implicando una posible colaboración o entrega de información sensible a potencias extranjeras.
A pesar de que la Fiscalía sostiene haber garantizado el debido proceso, el carácter cerrado del juicio ha suscitado descontento entre ciudadanos y familiares de Gil Fernández, quienes exigen mayor claridad sobre los hechos y las pruebas.
