Foto: Shutterstock
En un cambio controvertido en su política migratoria, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva directriz que permitirá rechazar solicitudes de visa a individuos con enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad o la diabetes.
Esta medida, anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Estado, tiene como objetivo disminuir la entrada de extranjeros que podrían representar una carga económica para el sistema de salud del país.
La disposición amplía considerablemente los criterios médicos que antes se utilizaban para negar visas. Según un memorando enviado a los consulados y divulgado por la cadena CBS, los funcionarios consulares ahora deberán tener en cuenta no solo enfermedades infecciosas como la tuberculosis, sino también afecciones crónicas que representen altos costos médicos a largo plazo.
De manera específica, el documento instruye a los oficiales a evaluar condiciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, obesidad y diabetes. Si se determina que el solicitante podría necesitar atención médica extensa y costosa, se le podrá negar la visa, incluso si cumple con los demás requisitos migratorios.
La norma impactará a todos los solicitantes, aunque tendrá un efecto más notable en aquellos que buscan la residencia permanente. Expertos legales como Charles Wheeler, del Catholic Legal Immigration Network, han señalado que esta política otorga un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios consulares, lo que podría resultar en decisiones subjetivas y poco transparentes.
Hasta ahora, los exámenes médicos requeridos para las solicitudes migratorias se centraban en enfermedades transmisibles y el historial de vacunación. La nueva guía representa un cambio significativo al incluir condiciones crónicas no contagiosas, añadiendo también el análisis de su posible carga económica para el Estado en el futuro.
Además, el documento indica que se evalúen los recursos económicos del solicitante. Los funcionarios deberán considerar si la persona tiene medios suficientes para financiar su atención médica a lo largo de su vida sin depender de fondos públicos.
Con aproximadamente un 10% de la población mundial diagnosticada con diabetes y la obesidad como un problema creciente en muchas regiones, esta medida podría excluir a millones de personas, especialmente en países con sistemas de salud frágiles o alta prevalencia de enfermedades crónicas.


