Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
Este jueves, EE.UU. llevó a cabo un nuevo operativo de deportación hacia Cuba, enviando a 139 ciudadanos cubanos en un vuelo fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Este es el onceno vuelo de este tipo en 2025 y el segundo realizado en noviembre, una frecuencia que confirma el acelerado ritmo de expulsiones bajo la administración de Donald Trump.
El Ministerio del Interior (MININT) informó que los migrantes llegaron en la tarde al Aeropuerto Internacional José Martí, donde las autoridades cubanas contabilizaron 109 hombres y 30 mujeres entre los retornados. Tras el aterrizaje, funcionarios detuvieron a una persona que se encontraba en libertad condicional cuando salió del país, según lo comunicado por la propia institución.
Cuba ha recibido 52 deportaciones de migrantes provenientes de diversos países de la región hasta la fecha en 2025, totalizando 1,535 personas retornadas, según informó el MININT en redes sociales. De estas, 1,370 han sido deportadas desde EE.UU., cumpliendo con los acuerdos migratorios bilaterales todavía vigentes.
Las autoridades cubanas reiteraron su “compromiso con una migración regular, segura y ordenada” y destacaron los riesgos asociados a las salidas irregulares, un mensaje que se repite en cada operación de retorno.
El vuelo de este jueves llega pocos días después del operativo más grande del año: a principios de noviembre, el gobierno de Trump deportó a 232 ciudadanos cubanos, la cifra más alta desde que ICE reanudó los vuelos a La Habana en 2023.
Este récord marcó una clara señal de la nueva etapa de firmeza en la política migratoria, justo cuando el presidente cumple diez meses de su segundo mandato. En ese período, Trump ha devuelto a la Isla más cubanos que Joe Biden en casi dos años (978), desde la reanudación de las deportaciones aéreas.
El endurecimiento de la política se refleja también en el perfil de los deportados. Cubanos con procesos migratorios pendientes, incluyendo aquellos con I-220A o trámites de residencia en curso y sin antecedentes delictivos, han sido expulsados junto a migrantes con amplios antecedentes penales o órdenes finales de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que 42,084 cubanos ya tienen una orden definitiva de expulsión.
Sin embargo, la política migratoria enfrenta un obstáculo adicional, ya que el gobierno cubano se niega a recibir a los nacionales que han cometido delitos graves y cumplido condenas en EE.UU., siempre que hayan salido de la Isla antes de los acuerdos migratorios de 2017. Esta negativa ha obligado a las autoridades estadounidenses a optar por deportaciones a terceros países, una práctica que cada vez es más cuestionada.
Aunque no hay un número oficial, varios cubanos con antecedentes penales han sido enviados a destinos que no tienen relación alguna con su historia o identidad. Al menos cuatro fueron trasladados a Sudán del Sur y el Reino de Esuatini, donde permanecen en prisiones locales, “sin cargos ni acceso a asistencia legal”, según denuncias de familiares y abogados.
Estas situaciones extremas ilustran hasta dónde está llegando la política de expulsiones bajo el actual gobierno estadounidense y las consecuencias que dejan para quienes quedan atrapados entre decisiones que los rechazan en ambos extremos.
