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La Fiscalía General de la República ha alertado recientemente que el robo de combustible en Cuba podría ser considerado un delito de sabotaje, lo que conllevaría penas de hasta 30 años de prisión. Esta advertencia fue realizada en el programa televisivo Hacemos Cuba por Yudenia San Miguel Ramírez, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, marcando así un cambio significativo en la estrategia del gobierno frente a los delitos económicos.
Según San Miguel, el impacto del robo de combustible va más allá del aspecto económico, afectando directamente “el bien público y la estabilidad nacional”. Por esta razón, se implementará la figura penal de sabotaje, tradicionalmente utilizada para actos en contra de la seguridad del Estado, para procesar a los acusados en estos casos. Esta medida también contempla la sanción a aquellos que, sin tener intención directa, “pudieron prever las consecuencias” de sus actos.
La fiscal se basó en un reciente dictamen del Tribunal Supremo Popular, que reinterpretó los daños a infraestructuras críticas como actos potenciales de sabotaje. De este modo, desviar combustible de un grupo electrógeno o una refinería ya no se considerará únicamente hurto o malversación, sino un atentado contra la seguridad nacional. Esta nueva doctrina jurídica se da en un contexto de severa crisis energética en la isla.
Durante el programa, el teniente coronel Asmel Rojas Águila, del Ministerio del Interior, informó que entre enero y agosto de 2025 se recuperaron 350 mil litros de combustible robado. Estos incidentes se registraron en servicentros, refinerías, bases de almacenamiento y plantas eléctricas, y estuvieron involucrados operarios, custodios y directivos de entidades estatales.
El oficial destacó que existen redes de complicidad que incluyen tanto a trabajadores como a residentes cercanos. Imágenes mostradas en el programa revelaron casas particulares utilizadas como almacenes ilegales, tanques improvisados y fajos de dinero. Las autoridades describieron el fenómeno como un crimen organizado que opera desde dentro de las instituciones del Estado.
Representantes de la Unión Eléctrica (UNE) y de CUPET reconocieron deficiencias en los controles internos y en el proceso de selección del personal, pero evitaron abordar el tema de la corrupción sistémica. En su lugar, anunciaron sanciones laborales, despidos y “acciones profilácticas”, sin ofrecer detalles sobre medidas concretas para prevenir nuevos desvíos.
Más allá de las cifras y confesiones, la orientación general del programa evidenció una prioridad: imponer castigos ejemplares. En vez de explorar las causas sociales o las condiciones laborales que pueden llevar a muchos trabajadores a cometer delitos, las autoridades reforzaron el mensaje de que no habrá indulgencia. La penalización del sabotaje busca tanto el control como el escarmiento.
