Foto: Archivo CN360
El gobierno de Granada ha anunciado una reforma en el “Programa de Trabajadores Cubanos”, en respuesta a las presiones del gobierno de Estados Unidos para que se revisen las condiciones laborales de los profesionales enviados por el régimen de La Habana.
Este cambio marca un hito en la histórica cooperación sanitaria entre ambos países del Caribe y se inscribe en una ofensiva diplomática de Washington para erradicar prácticas que considera como explotación laboral.
Según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Granada, las nuevas disposiciones fueron acordadas tras reuniones de alto nivel en La Habana, donde participaron funcionarios de ambas naciones.
A partir de este momento, todos los profesionales cubanos en Granada deberán trabajar bajo las mismas condiciones que sus colegas locales, asegurando igualdad de trato y mayor transparencia en la gestión del programa.
La negociación fue encabezada por el canciller Joseph Andall y el ministro de Salud, Phillip Telesford, quienes expresaron su agradecimiento a Cuba por su colaboración en la implementación de estos cambios.
Esta medida no es un caso aislado. De manera simultánea, Bahamas espera autorización de Washington para establecer un sistema en el que los médicos cubanos firmen contratos directos con el Ministerio de Salud local, sin la intermediación de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), entidad estatal que ha controlado históricamente los ingresos de los profesionales y canalizado la mayor parte de los pagos hacia el régimen cubano.
El cambio podría ser significativo. Según cifras de Caribbean Life, Bahamas paga 12.000 dólares al mes por cada médico, pero los profesionales apenas reciben el 15%. El resto es retenido por el Estado cubano. Si este nuevo sistema recibe luz verde, los doctores obtendrían el 100% de su salario, lo que representaría una ruptura con el modelo de “cooperación médica” que ha estado vigente durante décadas.
Varios excolaboradores cubanos han denunciado que incluso cuando sus sueldos eran depositados en cuentas personales, se veían obligados a transferirlos a cuentas controladas por funcionarios cubanos.
Washington ha calificado este mecanismo como una forma de “trabajo forzoso” y “trata de personas”, y ha advertido con sanciones migratorias y restricciones de visado a los países que continúen permitiendo estas prácticas.
De hecho, Bahamas, Guyana y Antigua han comenzado revisiones similares para evitar penalizaciones. En junio, Nassau canceló los contratos existentes con las brigadas cubanas y ofreció nuevos acuerdos directos a los profesionales que deseen permanecer. Actualmente, unos 35 trabajadores cubanos siguen formando parte del sistema sanitario bahameño, ocupando roles clave en oftalmología, enfermería y laboratorio clínico.
