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El cineasta cubano Enrique “Kiki” Álvarez denunció el 16 de octubre que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) finalizó su relación laboral sin aviso previo, utilizando una supuesta “renuncia voluntaria” que él nunca firmó. Esta decisión también afectó al director Esteban Insausti, cuyo contrato fue rescindido bajo las mismas condiciones.
Álvarez explicó que se enteró de la situación al acudir a la oficina de Recursos Humanos del ICAIC para inquirir sobre el retraso en el pago de sus honorarios. Durante su visita, le informaron que la vicepresidenta del Instituto había ordenado el 1 de agosto de 2025 la finalización de su contrato y el de Insausti, supuestamente por decisión propia. Sin embargo, en el expediente revisado por el cineasta no aparecía ningún documento que apoyara esa supuesta solicitud de baja.
El director de La Ola, Jirafas y Venecia rechazó lo que calificó como una ficción administrativa. Asoció la medida con su postura crítica frente a la censura institucional y su participación en la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC). Recordó que su negativa pública a participar en un debate organizado por el ICAIC en septiembre no podía haber motivado la decisión, ya que su “baja” se había ejecutado más de un mes antes.
Entre las posibles causas reales, Álvarez mencionó su negativa a colaborar en una película oficial, su renuncia a recibir una medalla conmemorativa, y sus denuncias públicas sobre irregularidades en el Fondo de Fomento. Cualquiera de esos hechos, dijo, podría haber desencadenado su exclusión, pero cuestionó que se intentara justificar con una renuncia falsa.
También subrayó que el despido se realizó en contravención del artículo 51 del Código de Trabajo cubano, que establece la obligación de notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación. “¿Será que fue una ‘solicitud propia’ del señor presidente del ICAIC?”, ironizó, refiriéndose al titular del organismo, nombrado por decisión gubernamental.
En un mensaje compartido en su perfil de Facebook, Álvarez describió su relación con el ICAIC como “siempre tensa”, caracterizada por su deseo de transformar la institución en un espacio que promueva el cine independiente y garantice la libertad creativa. Aunque reconoció algunos logros formales impulsados desde la ACC, opinó que no hubo cambios estructurales reales.
“El ICAIC se ha ido vaciando de cineastas, al igual que el país se ha ido despojando de muchos de sus mejores hijos”, afirmó, indicando que la exclusión institucional no le afecta profundamente, dado que la mayor parte de su producción cinematográfica se realizó de manera independiente, sin apoyo del organismo estatal.
La denuncia de Álvarez representa un nuevo episodio en la creciente tensión entre los creadores audiovisuales y las instituciones culturales cubanas, caracterizadas por procesos de censura, silencios administrativos y exclusiones dirigidas a quienes mantienen posturas críticas ante el poder.
