Foto: Cuba Noticias 360
El Gobierno Provincial de La Habana ha aprobado una nueva resolución que establece precios máximos de compra y venta para la comercialización de productos agropecuarios en la capital.
Esta medida, firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, tiene como objetivo, según el documento oficial, “proteger al consumidor y garantizar mayor equidad” en un entorno económico desafiante.
La resolución establece precios máximos de compra para los productores, mayoristas de acopio y minoristas de las entidades estatales, mercados arrendados y puntos de venta de la agricultura urbana.
Asimismo, se determinan topes minoristas en los mercados de oferta y demanda que son gestionados por cooperativas, trabajadores por cuenta propia, carretilleros y en ferias agropecuarias.
A diferencia de normativas anteriores, esta vez no habrá concertación de precios por municipios, por lo que los límites aplicarán de manera uniforme en toda La Habana.
Como resultado, el precio del boniato y la yuca oscilará entre 25 y 45 pesos, la malanga entre 55 y 110 dependiendo de la variedad, los plátanos entre 25 y 45, la calabaza entre 25 y 30 pesos, y la cebolla entre 200 y 250, mientras que el cebollino, el ají pimiento y el tomate se fijan a 150, entre otros.
Esta nueva norma deroga la Resolución 69 del 28 de abril de 2025, que había regulado nuevamente los precios en varios renglones básicos, bajo el argumento de que los costos de producción habían aumentado considerablemente.
A pesar de que medidas similares se implementan cada año, el intento de controlar los precios de productos básicos mediante la rigidez de los topes suele resultar en una disminución de la producción y fomenta el desvío hacia canales informales (los carretilleros), que sí mantienen los mismos precios.
A pesar de las disposiciones del Gobierno de La Habana, los productores privados y cooperativas han manifestado que los precios centralizados no cubren sus costos de insumos, muchos de los cuales son adquiridos en el mercado negro o en divisas, lo que genera escasez en la oferta.
Mientras tanto, la inflación en los productos agropecuarios se ha convertido en uno de los principales factores de descontento en la capital –y en el resto del país–, donde la mayoría de los hogares destina más del 70 % de sus ingresos mensuales a la compra de alimentos, según datos de la ONEI.
