Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que, a partir de hoy, se establecerá un costo de mil dólares para cada extranjero que obtenga parole migratorio en Estados Unidos.
Este anuncio fue realizado este jueves a través de una publicación en el Registro Federal y está enmarcado dentro de la Ley H.R. 1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, que fue firmada por el presidente Donald Trump en julio pasado.
¿Quiénes se verán afectados por la medida?
La nueva tarifa impactará a aquellos que sean admitidos bajo parole humanitario, parole en el lugar (parole in place) o re-parole, excepto en situaciones excepcionales.
De acuerdo con el DHS, esta política tiene como fin “restaurar la integridad migratoria” y “fortalecer la seguridad nacional”. El monto deberá ser pagado por el beneficiario del parole en el momento de su entrada, no al momento de presentar la solicitud.
El cobro será administrado por CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) en los puntos de entrada; ICE (Control de Inmigración y Aduanas) en casos de detenidos que sean liberados bajo parole; y USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) cuando se aprueben extensiones o parole in place.
Esta tarifa también aplicará a solicitudes que hayan sido aprobadas antes de la fecha de esta publicación.
¿Quiénes están exentos del pago de los mil dólares?
El reglamento establece únicamente 10 excepciones al pago del arancel, que son reservadas para casos humanitarios extremos o de interés público.
Entre estas se incluyen emergencias médicas graves o tratamientos que no se puedan obtener en el país de origen; los padres o tutores de menores en estas situaciones; donantes urgentes de órganos o tejidos; y familiares cercanos de personas con muerte inminente.
Además, se excluyen aquellos que deban asistir al funeral de un familiar cercano; los menores adoptados que requieran atención médica urgente; residentes legales en proceso de ajuste de estatus que regresen tras un viaje temporal; migrantes devueltos a México o Canadá que necesiten asistir a su audiencia migratoria; personas con estatus de “Cuban o Haitian entrant”, establecido bajo la ley de 1980; y colaboradores del gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad o investigaciones.
El DHS sostiene que esta nueva tarifa es parte de una política de autofinanciamiento para la seguridad migratoria y que garantiza que los programas humanitarios no dependan de los contribuyentes estadounidenses.
“El parole se otorgará únicamente después de que se haya realizado el pago. La falta de pago resultará en la denegación de la solicitud”, señala la norma.
Esta decisión ha suscitado diversas críticas de defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la tarifa penaliza a las poblaciones más vulnerables y podría infringir principios básicos de acceso humanitario al territorio estadounidense.
