Texto: Hugo León
Foto de referencia: Archivo CN360
El Gobierno de Estados Unidos ha enviado a un grupo de migrantes irregulares, incluidos varios cubanos, a Eswatini, un pequeño reino en el sur de África que se está convirtiendo en uno de los destinos más inusuales dentro del nuevo plan de deportaciones a terceros países que se impulsó durante la administración de Donald Trump.
Según informó la agencia Associated Press (AP), el grupo, conformado por diez hombres, partió desde Luisiana e incluía a tres ciudadanos de Vietnam, uno de Filipinas, otro de Camboya, así como migrantes de Chad y Cuba. Tras un extenso recorrido que los llevó por Puerto Rico, Senegal y Angola, los deportados llegaron a Eswatini el lunes 6 de octubre.
Las autoridades locales confirmaron que los hombres están bajo custodia en el Correccional de Mastapha, el mismo centro donde permanecen otros cuatro deportados que llegaron en julio. Baphelele Kunene, portavoz del Servicio Correccional de Eswatini, afirmó que los recién llegados “gozan de buena salud” y que se está coordinando con organismos internacionales para “facilitar su repatriación ordenada”.
Entre los primeros deportados a Eswatini se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral, cuyo caso ha suscitado críticas de abogados y organizaciones de derechos humanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo describe como un individuo con un amplio historial criminal, que incluye asesinato en primer grado, agresión agravada a un agente policial, robo de vehículo, conducción temeraria y pertenencia a la pandilla Latin Kings.
No obstante, el grupo de abogados Novo Legal ha denunciado que Mosquera del Peral estuvo recluido durante semanas en una prisión de máxima seguridad sin cargos formales ni acceso a representación legal.
Su abogada, Alma David, acusó al gobierno de Eswatini de mantener el caso en la opacidad y de “mentir descaradamente” ante el Tribunal Superior para justificar la detención.
El envío de cubanos a terceros países refleja una práctica cada vez más común: La Habana rechaza la repatriación de nacionales con antecedentes penales graves, lo que da paso a acuerdos bilaterales entre Washington y naciones dispuestas a recibirlos temporalmente.
Aunque Cuba mantiene formalmente un compromiso de cooperación migratoria con Estados Unidos, en la práctica no acepta el regreso de ciertos perfiles, según han reconocido fuentes del Departamento de Seguridad Nacional.
El vuelo con destino a Eswatini forma parte de un programa de deportaciones masivas que ha involucrado a más de 40 personas trasladadas a países africanos desde julio, como resultado de acuerdos entre Washington y al menos cinco gobiernos del continente.
La Casa Blanca ha defendido esta medida como una cuestión de seguridad nacional. Su portavoz, Abigail Jackson, señaló que los deportados “han sido condenados por crímenes atroces que incluyen asesinato y violación”, y aseguró que “la Administración Trump está cumpliendo con la promesa del Presidente de ejecutar la mayor operación de deportación de inmigrantes ilegales criminales utilizando todas las herramientas disponibles”.
Sin embargo, organizaciones de defensa legal y activistas de derechos humanos cuestionan la legalidad del procedimiento y las condiciones de detención en los países receptores, que a menudo carecen de marcos jurídicos y recursos adecuados para manejar este tipo de traslados internacionales.
