Texto: Hugo León
Foto de referencia: Archivo CN360
Hoy, el Tribunal Provincial Popular de La Habana comunicó que la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado impuso una pena de 10 años de privación de libertad a Yuni Valdés Pérez, un chofer que recientemente colisionó deliberadamente con un ómnibus Yutong en Cárdenas, Matanzas.
El tribunal encontró al acusado responsable de un delito de sabotaje, siendo esta la instancia competente para tratar delitos que afectan la seguridad estatal en gran parte del occidente del país.
“Como resultado de las pruebas presentadas durante el juicio oral y público, se demostró que el acusado, en su calidad de chofer profesional de la Empresa CUBACAR Varadero, el 5 de mayo de 2025, conducía por las calles de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, una escatolina que tenía asignada para su labor, la cual dejó estacionada en medio de la vía pública, bloqueando la correcta circulación, mientras se dirigía a un lugar cercano para consumir bebidas alcohólicas, alcanzando un estado de embriaguez”, señala la nota oficial.
Se menciona que, debido a la obstrucción de la carretera, fue requerido por el conductor de un ómnibus Yutong de la Empresa de Transmetro de Cárdenas.
Ambos individuos se involucraron en una fuerte discusión, a raíz de la cual el acusado subió a la escatolina, aplicó la reversa y chocó violentamente contra el ómnibus; acción que repitió a mayor velocidad.
Los daños causados al vehículo de transporte fueron significativos y, hasta el momento, no se han podido reparar, agrega el Tribunal.
“El tribunal, al tomar la decisión mencionada, consideró la conducta social del acusado, sus características personales, la gravedad de este hecho y lo dispuesto en el Dictamen No. 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular”, indica el comunicado.
Según la información proporcionada, tanto el acusado como la fiscalía tienen derecho a interponer un recurso de casación contra la sentencia emitida.
A finales de mayo de este año, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular publicó un dictamen que establece que los actos vandálicos contra infraestructuras y servicios esenciales para la población serán considerados, de aquí en adelante, como sabotaje.
