Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este miércoles la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, el cual estaba vigente desde 2021.
Esta medida tomará efecto el próximo 10 de septiembre de 2025 y dejará a cientos de miles de migrantes en Estados Unidos sin protección contra la deportación.
En un memorando oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó que “las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales” para mantener la designación. Además, USCIS indicó que prolongar el TPS “afecta directamente los esfuerzos de la Administración Trump por fortalecer la frontera sur” y puede generar un “efecto de atracción” para nuevas llegadas irregulares.
El DHS recomendó a los venezolanos que se benefician del programa considerar la “salida voluntaria” del país a través de la aplicación CBP Home, que ofrece un boleto aéreo gratuito, un bono de mil dólares y la posibilidad de futuras oportunidades de inmigración legal.
Esta decisión llega apenas meses después de que un tribunal federal en California bloqueara temporalmente la terminación del TPS dictada en 2023, extendiendo su vigencia hasta abril de 2026. Dicha resolución permitió que alrededor de 350 mil venezolanos mantuvieran sus permisos de trabajo y acceso a beneficios públicos.
La crisis humanitaria en Venezuela ha motivado la salida de más de 7 millones de personas en los últimos años, muchas de las cuales tienen como destino Estados Unidos. Florida, por ejemplo, alberga una de las comunidades venezolanas más grandes.
El anuncio de Noem se da en un contexto donde las políticas migratorias del presidente Donald Trump se han endurecido, buscando limitar los beneficios para los migrantes y aumentar la presión para reducir la migración irregular.
La cancelación del TPS plantea dos cuestiones importantes: en primer lugar, resalta la división en la política estadounidense y la inestabilidad de las decisiones legislativas, dejando incertidumbre sobre el futuro de las normativas en discusión. Por otro lado, alerta a migrantes de otros países que disfrutan de un estatus migratorio privilegiado, como el parole humanitario.
Diversas organizaciones proinmigrantes han advertido que esta decisión pone en riesgo a miles de familias que podrían enfrentar deportaciones inmediatas y han solicitado al Congreso una solución legislativa permanente que asegure estabilidad para los venezolanos en Estados Unidos.
