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Autor: Fede Gayardo
Cuba ha visto un incremento en las disoluciones legales, registrando un total de 21,113 divorcios, lo que se traduce en una tasa de 2.1 por cada mil habitantes y representa un aumento de 543 separaciones en comparación con 2023. A la par, los matrimonios continuaron en una tendencia a la baja, con 67,315 celebraciones en 2024, lo que implica 12,508 menos que el año anterior.
El análisis territorial ofrece datos interesantes, según la información proporcionada por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). La Isla de la Juventud, aunque solo reportó 265 disoluciones en cifras absolutas, se posiciona como la región con la mayor tasa por habitante, alcanzando 3.6 separaciones por cada mil residentes.
Artemisa sigue en el segundo lugar con 1,406 divorcios y una tasa de 3.1. Mayabeque, Camagüey y Matanzas también muestran números elevados, todas con una tasa de 2.8.
En contraste, Granma y La Habana presentan cifras relativamente bajas en comparación con la media nacional. Granma concluyó 2024 con 915 divorcios (tasa de 1.2) y La Habana con 2,574 (tasa de 1.4).
Las estadísticas también indican que la gran mayoría de las rupturas fueron entre parejas hombre-mujer (21,011), aunque se registraron 102 disoluciones entre parejas del mismo sexo.
Los meses con mayor número de separaciones fueron enero (2,215), febrero (2,065) y junio (2,095). En contraste, septiembre se destacó como el mes más “fiel”, con solo 1,302 procesos de divorcio. En la última década, las disoluciones rara vez han bajado de 20,000 al año, sin señales claras de recuperación.
Las razones detrás de estos números son concretas, como el salario promedio mensual, que, según analistas, provoca tensiones económicas que terminan afectando la convivencia. Además, se debe considerar la significativa migración, ya que más de 250,000 cubanos abandonaron el país en 2024, fracturando hogares y forzando a muchas parejas a lidiar con la distancia o la falta de responsabilidades compartidas.
Otro indicativo alarmante proporcionado por la ONEI es que la mitad de la población en edad laboral no trabaja ni busca empleo. Esta inactividad no solo refleja la falta de oportunidades, sino que también crea un ambiente de desánimo que permea la vida familiar y debilita la estabilidad de las parejas.
Las estadísticas revelan una sociedad en la que el matrimonio enfrenta presiones económicas, demográficas y sociales. Un desafío crucial es que las políticas aborden esta intersección de problemas: mejorar los ingresos reales, frenar la migración y recuperar la motivación laboral. Porque si el matrimonio está pasando del altar al tribunal, es pertinente cuestionar cómo reconstruir las condiciones para que más “sí, acepto” se transformen en promesas duraderas.
