Foto: Archivo CN360
Los cuerpos de Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, fueron hallados sin vida el viernes 5 de septiembre en la finca El Cusco, una zona de difícil acceso en el municipio de Candelaria, provincia de Artemisa. El descubrimiento se realizó en diferentes áreas de la propiedad, lo cual sugiere la implicación de múltiples agresores.
El Ministerio del Interior confirmó el delito, aunque no proporcionó detalles sobre las causas, el móvil ni avances en la investigación. La información fue divulgada por el periódico El Artemiseño y reproducida por Cubadebate, sin ofrecer datos sobre posibles sospechosos ni teorías. El comunicado se limitó a afirmar que “la violencia no puede quedar impune”.
El impacto de este suceso no se mide únicamente por su brutalidad, sino también por su contexto: un país donde las estadísticas sobre delitos han aumentado, a pesar del discurso oficial que continúa insistiendo en que Cuba es uno de los países más seguros a nivel mundial. Sin embargo, la población enfrenta una realidad diferente.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reportó 1.319 delitos entre enero y junio de 2025. Este número supera todo lo registrado en 2024 e incluye 63 homicidios, 721 robos (de los cuales 193 fueron de ganado) y 198 casos relacionados con narcotráfico. En La Habana, la violencia se ha convertido en parte de la cotidianidad.
A pesar de estas cifras, los medios estatales siguen evitando abordar el tema de forma exhaustiva. Solo informan sobre los casos resueltos y evitan mostrar el deterioro de la seguridad pública. La cobertura del crimen en El Cusco es una excepción, probablemente debido a su impacto local, y no por un cambio en la línea editorial.
Un dato preocupante: al menos 35 de los delitos registrados en el primer semestre de 2025 involucraron armas de fuego. El OCAC también destaca que el MININT prioriza recursos en la vigilancia política, descuidando así la protección de los ciudadanos. Esta desproporción tiene consecuencias evidentes.
La violencia rural, antes esporádica, ahora se enmarca dentro de un patrón más amplio. Artemisa ya no es una excepción. Y la finca El Cusco, ahora lugar de un doble asesinato, representa solo un ejemplo más del colapso de un modelo que sigue negando la realidad.