Foto: RL Hevia
Una colaboración entre la empresa Correos de Cuba y la mipyme Transmiret ha generado un intenso debate en redes sociales y medios nacionales sobre la posible privatización del servicio postal en la isla. Este acuerdo, anunciado a finales de agosto, se limita por el momento a la provincia de Matanzas, pero establece un precedente: es la primera vez que un actor no estatal se involucra oficialmente en la distribución de paquetería internacional dentro del país organizada por esta entidad estatal.
La colaboración ya se encuentra en marcha. Según los datos divulgados, el primer envío gestionado por Transmiret fue recibido en el Centro de Clasificación Postal de Matanzas, donde se procesará antes de ser enviado a los distintos municipios de la provincia. Las autoridades postales han calificado este hecho como “un hito” en la modernización y diversificación del sistema logístico nacional.
Sin embargo, más allá del lenguaje institucional, esta medida responde a una realidad cada vez más insostenible: el colapso del servicio postal estatal. Una trabajadora de la oficina Matanzas 1 confió al medio independiente 14yMedio que la decisión fue impulsada por una avalancha de quejas relacionadas con demoras, pérdidas y un deficiente servicio al cliente. “Ahora esperan que esta alianza mejore la situación”, afirmó la empleada.
Mientras tanto, la pérdida de terreno por parte de Correos de Cuba se hace cada vez más evidente. En los últimos años, varias empresas privadas han sabido capitalizar el descontento generalizado con el sistema oficial, ofreciendo alternativas más rápidas, con seguimiento en tiempo real y tarifas competitivas. La diferencia en eficiencia y tiempos de entrega ha provocado una migración constante de usuarios hacia estas opciones.
En este contexto, el acuerdo con Transmiret puede verse como un gesto de adaptación forzada. Más que un cambio estructural, parece ser una estrategia puntual para frenar la pérdida de usuarios y recuperar algo de credibilidad. No obstante, plantea nuevas interrogantes sobre el papel del Estado ante los actores privados en sectores tradicionalmente monopolizados.
¿Es esta una medida temporal o el inicio de un proceso de apertura real del sector postal? La respuesta aún no es clara. Sin embargo, lo cierto es que, en un país donde el acceso a servicios eficientes se vuelve cada vez más desigual, alianzas como esta podrían señalar el camino hacia un cambio más profundo, aunque no necesariamente equitativo.
