Foto: Cuba Noticias 360
En 2022, el gobierno de México estableció un convenio con Cuba para integrar médicos de la isla al sistema de salud pública, con el objetivo de atender zonas rurales y marginadas. Tres años después, no existen datos oficiales que permitan analizar si esta colaboración ha producido resultados positivos o negativos. La ausencia de seguimiento, indicadores y responsabilidad institucional dificulta conocer el impacto real del programa.
Mediante solicitudes de información, el diario EL UNIVERSAL consultó a la Secretaría de Salud (Ssa), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS-Bienestar sobre métricas de desempeño, gastos y resultados de los médicos cubanos. Las tres entidades respondieron de manera similar: no disponen de esa información o no están en condiciones de proporcionarla.
El IMSS fue el primero en desvincularse, indicando que, conforme al convenio bilateral, la evaluación corresponde a la Secretaría de Salud, específicamente a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Sin embargo, la Ssa también se declaró incapaz de responder y redirigió la solicitud al IMSS-Bienestar, que a su vez rechazó la responsabilidad aduciendo que la información corresponde a otro sujeto obligado.
A pesar de que el convenio establece un mecanismo de evaluación en tres fases, ninguna institución ha reportado avances, diagnósticos ni resultados. Se ignora si dichas etapas se han ejecutado, lo que refuerza la falta de claridad del programa y limita cualquier intento de fiscalización.
Lo más alarmante es que no hay información sobre los servicios ofrecidos por los médicos cubanos: no se sabe cuántas consultas han realizado, en qué áreas laboran o cuál ha sido su desempeño profesional. Las Unidades de Transparencia del IMSS y el IMSS-Bienestar argumentan que no gestionaron su contratación y que no están obligadas a registrar esos datos.
En cuanto al gasto público, las cifras son claras, pero los detalles son escasos. Según estimaciones de EL UNIVERSAL, el costo del programa asciende a 2 mil 19 millones de pesos desde 2022. Sin embargo, ninguna dependencia ha podido aclarar cuánto se destina al salario de cada médico ni desglosar el presupuesto utilizado para transporte, hospedaje, alimentación y otros beneficios incluidos en el convenio.
El modelo de operación complica la rendición de cuentas. Los servicios médicos se consideran una colaboración externa, y la fragmentación entre las instituciones mexicanas y los contratistas cubanos ha creado una cadena de responsabilidades difusas. Así, el programa opera sin que nadie asuma el control total de su evaluación o fiscalización.
