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Texto: Fede Gayardo
Cuatro directivos de una entidad estatal en Cuba han sido condenados a penas de entre 10 y 20 años de prisión por el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus, tras concluir un proceso relacionado con actos de malversación que causaron pérdidas cercanas a los 100 millones de pesos cubanos (CUP).
De acuerdo con un informe del diario estatal Escambray, el desfalco se originó por el “incumplimiento de procedimientos internos que regulan la contratación económica con formas de gestión no estatal (privadas) y otras irregularidades”, lo que resultó en severos daños para la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus.
Según el reporte, entre 2023 y 2024, la cámara frigorífica que almacenaba productos cárnicos destinados al consumo interno falló en dos ocasiones, provocando pérdidas superiores a 3 millones de CUP.
A esta cifra se añadió una afectación superior a 94 millones de pesos, como resultado de un acuerdo con un trabajador privado que, según el medio mencionado, llegó a la empresa para negociar compras y terminó llevándose mercancías “sin el pago correspondiente de su valor”.
Las penas impuestas por el Tribunal incluyen a la directora general de la empresa hasta abril de 2024, quien fue condenada a 20 años de “sanción conjunta y única”; otros dos directivos del área comercial recibieron 18 y 16 años, respectivamente; y un asesor jurídico fue sentenciado a 10 años.
Además, el exdirector general fue considerado “partícipe” y recibió una sanción de 2 años y 6 meses de prisión, pena que fue sustituida por trabajo correccional con internamiento por el mismo periodo.
El fallo establece que los cinco funcionarios “fueron declarados culpables de un delito de malversación”, y se les impusieron medidas accesorias “de privación de derechos, prohibición de emisión de pasaporte y salida del territorio nacional y limitación de ejercicio de cargo y oficio similar”.
Asimismo, el Tribunal determinó que “deberán resarcir de manera conjunta los daños ocasionados a la Empresa de Suministros Agropecuarios, de acuerdo con sus implicaciones”.
Las resoluciones aún “no son firmes”, ya que tanto los condenados como la fiscalía “tienen derecho a apelar ante el Tribunal Supremo Popular” si lo consideran pertinente, añadió el texto de Escambray.
El rápido deterioro de la situación económica en Cuba ha tenido un efecto colateral evidente, que se ha manifestado en un aumento notable de las ilegalidades y prácticas corruptas en diferentes sectores.
La falta de recursos, la escasez de insumos y los bajos salarios, entre otros factores, han “empujado” tanto a trabajadores como a directivos a cometer actos como el descrito, cuyas sanciones son utilizadas por el gobierno como advertencia para aquellos que intenten violar las leyes desde las entidades estatales.
