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Texto: Fede Gayardo
La campaña de deportaciones promovida por la administración de Donald Trump ha alcanzado un récord sin precedentes, contabilizando en las últimas dos semanas un promedio de 1,435 expulsiones diarias, según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por The Washington Times.
Este aumento se acompaña de un inusual número de personas bajo custodia. Más de 59,000 se encuentran en instalaciones administradas por ICE, mientras que las aprehensiones diarias rondan las 930, de acuerdo con las cifras oficiales mencionadas por la prensa.
A este incremento contribuye en gran medida la denominada Big Beautiful Bill, una ley que destina miles de millones para fortalecer las operaciones migratorias y expandir la infraestructura de detención, una fuente de recursos que, según informes, incluye asignaciones multimillonarias para camas, contratación de personal y contingentes operativos.
Este flujo de fondos podría impulsar las cifras anuales de deportación a más de medio millón, superando el récord alcanzado en 2012 durante la administración de Obama.
Para contextualizar: en diciembre y enero, las últimas semanas del gobierno de Biden, las detenciones del ICE fluctuaban entre 215 y 300 por día, y las deportaciones diarias se mantenían entre 500 y 700. La diferencia es notable y explica por qué defensores y expertos mencionan un cambio en el enfoque y las prioridades.
Organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes han señalado que el incremento ha saturado el sistema de detención y tramitación, con denuncias sobre deportaciones erróneas, deterioro de las condiciones en los recintos y ausencia de garantías procesales mínimas.
El American Immigration Council, por ejemplo, afirmó que “impulsado por una financiación de 45,000 millones de dólares, hay más personas detenidas por motivos de inmigración que en ningún otro momento de la historia de Estados Unidos”.
La cobertura mencionada también señala que “a medida que la administración Trump aumenta la capacidad de detención, crece la preocupación por un sistema sobrecargado que ha llevado a deportaciones erróneas, malas condiciones de detención y falta de garantías procesales básicas”.
Por otra parte, un juez federal ordenó esta semana mejoras en un centro de detención en Nueva York tras denuncias de migrantes que afirmaron que se les obligaba a dormir en el suelo y describieron condiciones “hacinadas y sórdidas”. La magistratura solicitó medidas para garantizar espacio personal, colchonetas y acceso a asistencia legal.
Desde una perspectiva táctica, la administración ha reducido las detenciones en la frontera con México, redirigiendo recursos hacia el interior del país; en ese contexto, cuando en junio se desplegó ICE en Los Ángeles, las detenciones diarias casi alcanzaron las 1,200 personas. Posteriormente, bajaron a cerca de 850 en julio y volvieron a superar los 900 entre el 26 de julio y el 9 de agosto.
La composición de las detenciones también ha cambiado. En el corte del 9 de agosto, el 36% de los detenidos poseía condenas penales, el 31% enfrentaba cargos pendientes y el 33% tenía únicamente infracciones migratorias en su historial.
Para comparar, al cierre de la administración de Biden, más del 60% de los detenidos contaba con condenas penales y menos del 8% estaban allí solo por faltas migratorias.
La expansión de plazas y recursos apoyada por un extenso paquete legislativo está llevando a ICE a multiplicar y acelerar sus operaciones. Al mismo tiempo, la sobrecarga administrativa, las órdenes judiciales y la presión de ONG y defensores generan un entorno de confrontación con más deportaciones, más litigios y un mayor escrutinio tanto público como político.
