Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
En Cuba existe un oficio callejero que no figura en los folletos turísticos ni en la legislación de la Isla: los buquenques. No son taxistas, sino intermediarios que organizan, supervisan y, frecuentemente, introducen pasajeros en taxis y transportes privados.
Su función consiste en “coordinar” quién recoge a quién, en qué lugar y a qué precio; aunque cuando ‘la situación’ se torna complicada, esa “coordinación” se convierte más en un acto de extorsión o control territorial.
Existen numerosas experiencias relacionadas con los buquenques. Una de las más recientes compartidas en redes sociales es la de Mario Garbayo Otaño, quien narró en una publicación: “Hoy por segunda vez fui testigo presencial del alto grado de indisciplina social y actos eminentemente delictivos”.
En el núcleo del problema están las paradas y los puntos ‘calientes’ (Parque de la Fraternidad, paraderos de Playa, entre otros). Allí, los buquenques, actuando sin permisos ni regulación, “obligan a los choferes… mediante una actitud amenazante, con palabras ofensivas, groserías y gestos que presagian agresión física, a recoger o no recoger pasajeros si no abonan un derecho impuesto de 50/100 pesos”, declaró Garbayo.
Según su relato, los choferes que se resisten son amedrentados, se intimida a los pasajeros y, al final, quien controla el punto establece el precio: “almendrones” cobrando “450 y 500 pesos por el trayecto Habana–La Lisa”.
Algunas de las problemáticas están vinculadas al control del espacio público, que se privatiza, la economía informal que casi “se militariza” y la ausencia total de respuesta institucional.
“¿Dónde están las autoridades… que no toman acción ante estas situaciones…?”, cuestionó el internauta, subrayando la tan debatida ‘cuenta pendiente’ entre la ciudadanía y el Estado.
El relato de Garbayo presenta escenas claras que incluyen una agresión verbal a un chofer de ómnibus, la amenaza a pasajeros para que abandonen el transporte público y utilicen carros privados, replicándose el episodio en distintos puntos.
Que estas prácticas ocurran “a plena luz del día” y se intensifiquen por la noche describe no un episodio aislado, sino la normalización de la extorsión y la violencia como herramientas de mercado en varios lugares de la ciudad.
La primera urgencia es restaurar la normalidad en el espacio público mediante acciones visibles y sostenidas. Esto implica una presencia coordinada de inspectores de transporte, policías y autoridades en los puntos conflictivos, no como mero espectáculo, sino como un control real.
Por otro lado, hay quienes mencionan la falta de canales de denuncia eficaces y seguros, como líneas telefónicas, aplicaciones o puntos locales donde los choferes y pasajeros puedan reportar agresiones. Por supuesto, esto debe estar acompañado de un mecanimo eficaz de seguimiento a las denuncias y su resolución.
No basta con medidas coercitivas; también es necesario atender la dimensión social y económica. Muchos de quienes hoy ocupan la acera por la fuerza lo hacen porque no existen alternativas. Sin embargo, la necesidad económica que se vive en la Isla no justifica en absoluto estos actos violentos e ilegales.
La presión ciudadana y la visibilidad mediática son herramientas poderosas para exigir respuestas y evitar que la violencia se vuelva costumbre. Los testimonios en redes son más que una simple alarma. Como bien cuestiona Garbayo: “¿Acaso la delincuencia se siente ya segura gobernando nuestras calles ante la falta de una autoridad pública que se haga respetar?”.
