Foto: RL Hevia
En 2024, La Habana se destacó como la provincia con el mayor número de procesos judiciales por delitos sexuales en el país, registrando un total de 51 casos, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Las Tunas se ubicó en segundo lugar con 22 casos, seguida por Granma con 21. Este informe fue replicado por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género y el telecentro CNC de Granma.
A nivel nacional, se reportaron 230 juicios por violencia sexual. De estos, 120 fueron clasificados como agresión sexual, mientras que los otros 110 se incluyeron en diferentes formas de violencia. Estas estadísticas evidencian un problema generalizado que, aunque no distingue regiones, afecta principalmente a las áreas urbanas.
La franja etaria más afectada por estos delitos corresponde a los jóvenes de 20 a 24 años, con 122 víctimas, seguida por el grupo de adolescentes de 15 a 17 años, que registró 70 casos. El panorama confirma que las mujeres más jóvenes siguen siendo el objetivo principal de estas agresiones, muchas veces ocurridas en espacios públicos sin protección.
Un incidente reciente en Santiago de Cuba puso de manifiesto la falla institucional: un violador reincidente, que había obtenido un pase carcelario, atacó a una joven en plena calle durante un apagón en el barrio Veguita de Galo. La víctima logró escapar y recibió ayuda de vecinos antes de que llegara la Policía.
No fue el único caso en Santiago. A principios de año, otro individuo fue arrestado por violar a una joven de 21 años bajo amenaza con un machete en el Distrito José Martí. El agresor había salido recientemente de prisión y estaba fugado por un robo anterior en la Casa de la Cultura de San Pedrito.
Ante esta situación, grupos como la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba exigen al régimen la implementación de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
Las cifras no dejan lugar a dudas: casi 30 feminicidios en lo que va de 2025, además de tres intentos de feminicidio y cuatro casos en investigación. Sin una respuesta estatal efectiva, el riesgo para las mujeres sigue en aumento.
