Foto: Archivo CN360
La actriz cubana Amarilys Núñez y su pareja, el productor audiovisual Miguel Martín López, han interpuesto una demanda por difamación en España tras ser acusados en redes sociales y medios digitales de presunto plagio de una telenovela. La denuncia fue presentada el pasado 28 de julio en la comisaría de Madrid-Chamartín.
La controversia se centra en supuestas declaraciones del actor y director Tony Arroyo, quien los habría denunciado públicamente por plagiar la telenovela Puerto Lamargo y posteriormente venderla a la televisión francesa. Núñez decidió hacer pública la situación compartiendo en sus redes sociales los documentos legales que respaldan su denuncia, así como el requerimiento oficial dirigido al presunto autor de las acusaciones.
De acuerdo con la documentación presentada, las acusaciones fueron publicadas en Facebook y multiplicadas por el portal InfoFlashMundo.com, que lanzó un artículo titulado: “Escándalo en redes: Tony Arroyo acusa al esposo de Amarilys Núñez de plagio internacional”. La pareja sostiene que esta difamación ha ocasionado un grave daño a su reputación.
Miguel Martín López manifestó ante la policía que tanto él como Núñez han sido objeto de una “campaña de difamación pública” orquestada por Arroyo. En el escrito presentado, se niega rotundamente que hayan incurrido en plagio, subrayando que las acusaciones son no solo falsas, sino que también han causado considerables dificultades emocionales y profesionales.
Mediante su abogado, Efrén Santos Pascual, se envió a Tony Arroyo un requerimiento legal exigiendo una rectificación pública en un plazo máximo de 72 horas. De no emitir tales declaraciones, se le solicita una “retractación clara e inequívoca”. En caso contrario, deberá confirmar las acusaciones públicamente y presentar pruebas documentales que las sustenten.
La advertencia es clara: si no hay respuesta en el plazo estipulado, se considerará a Arroyo responsable de las acusaciones, y la parte demandante procederá judicialmente. La estrategia legal busca no solo limpiar el nombre de los involucrados, sino también establecer precedentes contra la difamación en ambientes digitales.
