Foto: Archivo CN360
Texto: Hugo León
Los estadounidenses naturalizados que cometan ciertos delitos o que hayan proporcionado información falsa en sus formularios de inmigración podrían perder su ciudadanía, de acuerdo con las nuevas directrices de las autoridades estadounidenses.
Con las nuevas directrices emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ) el 11 de junio, el gobierno de Donald Trump estableció formalmente una estrategia que prioriza los procesos civiles de desnaturalización.
Esta política fue desarrollada en un memorando firmado por el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, quien instruyó a la División Civil del DOJ a “perseguir hasta el máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos que lo permitan las leyes y que cuenten con la evidencia adecuada”.
En el documento, el Departamento de Justicia sostiene que el gobierno tiene la facultad “de revocar la ciudadanía de personas que hayan cometido crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones graves a los derechos humanos”.
Según el Migration Policy Institute, actualmente alrededor de 25 millones de ciudadanos naturalizados residen en Estados Unidos. Entre ellos, los que corren más riesgo son aquellos vinculados al terrorismo, espionaje o tráfico ilegal de tecnología; quienes están implicados en crímenes de guerra, tortura o ejecuciones extrajudiciales; así como los miembros de pandillas criminales o redes de narcotráfico.
Las directrices también incluyen a aquellos condenados por delitos violentos, sexuales o trata de personas; los que están involucrados en fraudes financieros o médicos contra el Estado (como el PPP, Medicare o Medicaid); quienes hayan omitido información penal relevante en su proceso de naturalización; o aquellos que tengan casos con cargos penales pendientes o referidos por fiscales federales.
Aunque esta política se centra oficialmente en delincuentes peligrosos o en casos de fraude, según los expertos, abre la puerta a interpretaciones amplias que podrían perjudicar a millones de ciudadanos estadounidenses.
El memorando también concede a la División Civil “discrecionalidad para procesar casos fuera de estas categorías según lo considere conveniente”.
A diferencia de los procedimientos penales, los procesos civiles utilizados en estas situaciones no garantizan el derecho a un abogado, un enfoque que supuestamente agiliza las revocaciones, dado que la carga de la prueba es significativamente menor.
Aunque no se ha definido un cronograma formal para su implementación, varios medios de comunicación indican que la medida ya está en curso.
