Foto: Archivo CN360
El Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) ha dado a conocer que diversas entidades estatales, incluyendo ministerios clave y las Fuerzas Armadas, participan en miles de ilegalidades urbanísticas detectadas en el país entre enero y mayo de 2025.
Se han reportado un total de 11,700 violaciones urbanísticas en lo que va del año, superando notablemente las cifras de años anteriores, según el informe presentado por la vicepresidenta del INOTU, Yordanka Vázquez Cuñat, ante la Comisión de Industria, Construcciones y Energía durante las sesiones del quinto período ordinario de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En este contexto, las autoridades realizaron aproximadamente 6,242 inspecciones y 1,300 reinspecciones, resultando en más de 11,000 multas, entre las cuales se incluyen 800 por reincidencia.
El documento acusa directamente a organismos estatales de ser responsables de una parte considerable de estas transgresiones, especialmente por la ocupación ilegal de terrenos. Entre las entidades mencionadas se encuentran los ministerios de Agricultura, Construcción, Transporte, Educación, Turismo e Industria Alimentaria, así como el Grupo Azucarero, el Grupo de Administración Empresarial (GAE) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
En un análisis más detallado, el INOTU aclaró que el 93% de las ilegalidades registradas hasta mayo se relacionan con ocupaciones ilegales de suelo. Lo preocupante es que muchas de estas irregularidades provienen de instituciones estatales que deberían garantizar el ordenamiento territorial y el cumplimiento de la ley urbanística.
El contraste entre la rigurosidad de las sanciones impuestas a ciudadanos comunes y la inacción frente a las entidades estatales es evidente. Aunque se aplicaron 105 multas a personas jurídicas, el enfoque sigue dirigido a los individuos, mientras que la estructura estatal perpetúa gran parte del problema. Esta disparidad en el tratamiento socava la credibilidad institucional, de acuerdo con la opinión de observadores y especialistas.
El caso del Ministerio de la Construcción es especialmente significativo: su constante incumplimiento de los planes de edificación de viviendas ha causado un déficit habitacional crónico. Esta situación empuja a la población a buscar soluciones informales que, en muchas ocasiones, resultan en violaciones urbanísticas.
En toda Cuba se contabilizan aproximadamente 961 barrios informales, de los cuales 513 carecen de reconocimiento legal y 379 son considerados precarios. La expansión de estos asentamientos, según el informe, también se debe a una migración interna desorganizada, una pobre planificación y la falta de una política integral de desarrollo urbano.