Foto: Archivo 360
Una iniciativa ciudadana, respaldada por cientos de cubanos tanto en la isla como en el extranjero, ha solicitado al Gobierno de España que extienda la validez de la Ley de Memoria Democrática más allá del 21 de octubre de 2025. Este documento, dirigido al rey Felipe VI y al presidente Pedro Sánchez, establece que miles de solicitantes podrían quedar excluidos del proceso para obtener la ciudadanía española debido a barreras administrativas y tecnológicas.
La petición subraya que, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, muchos descendientes de españoles no han podido avanzar con sus solicitudes porque no logran acceder al sistema de credenciales y citas del Consulado de España en La Habana. “La memoria democrática no debe ser solo un concepto legal: debe concretarse en un acceso real y equitativo a los derechos que garantiza”, indica la solicitud promovida por la ciudadana Carla Pérez.
Desde su implementación en 2022, la Ley de Memoria Democrática ha permitido a miles de latinoamericanos, especialmente en Cuba, Argentina, México y Venezuela, comenzar el proceso para obtener la nacionalidad española como hijos o nietos de ciudadanos originarios de ese país. Sin embargo, en la isla, los solicitantes enfrentan circunstancias especialmente desfavorables.
El colapso del sistema electrónico, la escasez de personal consular, las limitaciones de conectividad y los frecuentes apagones han provocado que, en muchos casos, los interesados ni siquiera puedan generar la credencial digital necesaria para acceder a una cita. Las agendas, cuando se abren, se saturan en segundos, dejando a la mayoría de los solicitantes sin opciones claras de solución.
En respuesta a esta situación, la petición propone cuatro medidas urgentes: extender el plazo de vigencia de la ley, corregir el sistema de citas electrónicas, incrementar el personal y recursos en las sedes consulares, y reafirmar el compromiso con los principios de memoria histórica que fundamentaron la creación de esta normativa. Los firmantes advierten que sin estas acciones, los derechos reconocidos por la ley se verían limitados por fallas técnicas.
Además, la carta denuncia el surgimiento de un mercado negro de credenciales en Cuba, donde se comercializan turnos a precios que alcanzan cientos de euros. También se han reportado casos de falsificación de documentos eclesiásticos, como certificados de bautismo, por cantidades de hasta 3.000 euros, lo que plantea más obstáculos y riesgos para quienes desean cumplir con los requisitos legales de manera legítima.
A pesar de que el Consulado de España en La Habana ha anunciado que un nuevo sistema de citas estará operativo “próximamente”, no se ha especificado una fecha oficial. Esta incertidumbre mantiene en suspenso a miles de familias cubanas, que observan cómo se aproxima el plazo final sin garantías mínimas para completar sus solicitudes.
