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Recientemente, el gobierno de Cuba ha reconocido un aumento en el consumo de drogas ilegales en la isla, siendo especialmente notable entre adolescentes y jóvenes.
Los especialistas han indicado que la edad promedio de inicio en el consumo ha disminuido de 18 años en 2022 a alrededor de 15 años en 2024, y se han reportado incluso casos de usuarios más jóvenes.
Asimismo, más de 6,000 estudiantes han sido identificados como población en riesgo en 71 municipios del país. La venta de cannabinoides sintéticos, conocidos coloquialmente como “el químico”, está en auge. Esta sustancia, de bajo costo y fácil acceso, posee un alto potencial adictivo y representa aproximadamente el 47% de los decomisos a nivel nacional.
Según datos del Ministerio del Interior, solo en 2024 se incautaron más de mil kilogramos de drogas, que incluyen marihuana, cocaína y metanfetaminas. Además, se llevaron a cabo 133 casos de recalos marítimos, con 844 kg de sustancias retenidas, así como más de una docena de intentos de ingreso por aeropuertos.
En este contexto, Cuba ha anunciado la creación de un Observatorio Nacional de Drogas, cuyo objetivo es tomar decisiones fundamentadas en evidencia, actuar con una mayor precisión y reducir los márgenes de impunidad.
Según informes de medios oficiales, esta institución también facilitará “la sistematización de datos, la vigilancia epidemiológica, el análisis de tendencias en el mercado de drogas, los riesgos asociados, patologías y otros indicadores relevantes”.
La viceministra de Justicia, Pilar Varona, comentó que en Cuba, el tráfico de drogas es considerado un delito vinculado a la seguridad nacional, lo que conlleva un estricto marco sancionador respaldado por el Código Penal y la Constitución de la República.
En la isla, se han reportado más de 1,150 condenas por delitos relacionados con drogas, con penas que van desde cuatro años de prisión hasta cadena perpetua impuestas por los tribunales.
Por lo tanto, el Observatorio tiene como objetivo, con la colaboración de la Unión Europea, reducir este comportamiento alarmante en la población joven cubana, un problema que el gobierno no ha logrado disminuir a pesar de los “esfuerzos”, y que también está vinculado a las crisis que enfrenta el país.
