Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
Este viernes, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una reforma al Artículo 127 de la Constitución, eliminando el límite de 60 años para ser electo presidente por primera vez. Esta decisión se tomó sin llevar a cabo una consulta popular previa.
El argumento oficial apunta a que el cambio responde al envejecimiento de la población y a la necesidad de permitir que personas mayores de 60 años, con “experiencia y compromiso”, puedan acceder al máximo cargo político del país.
De acuerdo con la nota publicada por Cubavisión Internacional, la reforma busca garantizar que aquellos con “resultados en su labor, fidelidad y trayectoria demostradas, y alto compromiso con la Patria”, sean considerados para la presidencia si esto “conviene a la Revolución”.
A pesar de que el gobierno asegura que el proceso se llevó a cabo conforme a lo constitucional, la modificación se produce en un contexto de críticas por la falta de participación ciudadana en una decisión de gran relevancia. El cambio fue aprobado durante el Quinto Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano.
¿Golpe a la Constitución?
Modificar un artículo crucial sin consulta popular socava la legitimidad de la Carta Magna y del proceso participativo que la originó en 2019. Se evidencia que en la isla, el pueblo apenas cuenta con alternativas para modificar lo que considera injusto en la Constitución, mientras el Partido puede hacerlo a su conveniencia sin mayores esfuerzos para implementar los cambios.
La reforma se realizó sin debate público ni oposición política real, lo que refuerza la percepción de miles de cubanos de que la Asamblea ya no es representativa, sino un mero apéndice del Ejecutivo.
Por si fuera poco, este cambio establece un precedente constitucional peligroso; al modificar la Carta Magna sin consultar al pueblo, se genera desconfianza ciudadana y una posible desmovilización y desinterés ante futuras reformas legales.
Además, aunque no se mencione explícitamente, esta decisión abre la puerta a una continuidad del poder, más allá de lo que estipulaba la Constitución original de 2019, permitiendo mantener en el poder o reciclar a figuras de edad avanzada, a menudo ligadas a la vieja guardia, lo que impediría la renovación política o la incorporación de nuevas generaciones con ideas diferentes.
