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La iniciativa Varadero Digital, promovida por el gobierno cubano desde 2021, se presenta como un ambicioso plan de modernización tecnológica con el objetivo de transformar el principal polo turístico del país en una “ciudad inteligente”. Sin embargo, este proyecto genera preocupaciones entre quienes perciben en él una prueba de vigilancia masiva y control ciudadano, que podría extenderse al resto del país.
Varadero, una estrecha franja de tierra con un único acceso, opera como un enclave singular dentro de Cuba. No enfrenta los mismos apagones y cuenta con una infraestructura distinta al resto del país, dado que la ciudad está continuamente bajo estándares internacionales por su carácter turístico. Estas características lo convierten en un escenario ideal para probar un modelo de control tecnológico en tiempo real.
El proyecto, respaldado por más de 85 entidades nacionales, ha sido descrito en la prensa oficial como una plataforma para mejorar el comercio electrónico, la movilidad y los servicios públicos. Sin embargo, los detalles específicos sobre su efecto en la vida cotidiana de residentes y visitantes aún no se han aclarado. Lo que se ha confirmado es la instalación de estaciones de autoservicio digital y un sistema de recopilación de datos en tiempo real para “optimizar” la gestión urbana.
La visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Rusia en mayo de 2024, donde mostró un particular interés por el sistema de videovigilancia en San Petersburgo, reveló el interés del gobierno en replicar dicho modelo. El Ministerio de Comunicaciones ha confirmado que se encuentra trabajando en un memorando de entendimiento con autoridades rusas y que expertos de ese país participarán en el desarrollo de Varadero Digital.
La justificación es evidente: asegurar la seguridad en un enclave estratégico. Sin embargo, persiste la interrogante sobre cómo se manejarán esos datos y qué garantías tienen los ciudadanos frente a un uso indebido.
La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en 2022, permite el tratamiento de información privada sin consentimiento en diversas circunstancias, incluidas razones de “seguridad colectiva” o “defensa nacional”. Este marco legal legitima prácticas intrusivas que, en manos de un gobierno autoritario, podrían usarse para vigilar, coaccionar o reprimir.
Más allá de la retórica de modernización, Varadero Digital podría convertirse en el modelo de una Cuba futura donde la vigilancia no se limite a las calles, sino que se integre en el tejido digital de la vida cotidiana.
