Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó este jueves a enviar notificaciones formales a miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, informándoles sobre la cancelación inmediata de su estatus de parole humanitario y la revocación de sus permisos de trabajo.
Las comunicaciones, que se distribuyeron por correo electrónico, advierten a los beneficiarios que deben abandonar el país si no han conseguido un estatus legal alternativo. Este cambio marca la implementación efectiva del fallo emitido por la Corte Suprema a finales de mayo, el cual permitió a la administración de Donald Trump desmantelar el programa conocido como CHNV.
El programa, establecido durante el gobierno de Joe Biden, proporcionó permisos temporales de entrada, residencia y trabajo a más de 532,000 personas originarias de los cuatro países mencionados, como parte de una política destinada a controlar de manera ordenada los flujos migratorios. Sin embargo, desde el regreso de Trump al poder, las autoridades han intentado revertir estas políticas bajo el argumento de que representan un riesgo para la seguridad y el mercado laboral de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó una petición de emergencia respaldada por la Corte Suprema, lo que posibilitó la cancelación formal del programa.
Fin del parole y llamados a la autodeportación
En el nuevo aviso, el DHS comunica que la revocación del parole es efectiva de inmediato, lo que implica que los permisos laborales asociados también pierden validez desde ahora. Además, se alienta a los afectados a abandonar el país de manera voluntaria, un paso que evita procedimientos de deportación forzada y que, en teoría, podría facilitar un eventual reingreso legal en el futuro.
Según Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, esta decisión representa un retorno a “políticas migratorias sensatas” y una visión de seguridad centrada en “Estados Unidos Primero”. McLaughlin criticó al gobierno anterior por permitir la entrada de migrantes “sin verificación de antecedentes exhaustiva”, aunque todos los beneficiarios ingresaron bajo las regulaciones establecidas por la administración vigente en su momento.
Aunque el aviso no detalla plazos específicos para abandonar el país, deja en claro que quienes permanezcan sin estatus legal se exponen a medidas migratorias inmediatas. La situación genera preocupación entre miles de personas que, en muchos casos, ya se encontraban trabajando, estudiando o rehaciendo sus vidas con base en la autorización temporal que les fue concedida.
Organizaciones de defensa de migrantes han denunciado el impacto humano de esta decisión, advirtiendo que podría desencadenar una ola de incertidumbre, desarraigo y separación familiar, especialmente en comunidades donde estos migrantes ya estaban integrados laboral y socialmente.
