Foto: Cuba Noticias 360
La crisis económica que está viviendo la Isla ha puesto de manifiesto una realidad que antes se mencionaba poco en los medios estatales: el trabajo infantil. Un reportaje publicado por Periódico 26, medio del Partido Comunista en Las Tunas, revela varios casos de menores que, impulsados por la precariedad, han asumido responsabilidades económicas dentro de sus familias, en contraposición a lo que establece la legislación nacional.
Uno de los testimonios más impactantes es el de un adolescente de 16 años, quien, según el medio, se ha convertido en el sostenedor económico de su hogar mediante la producción y venta de carbón. Criado en un entorno donde esta actividad se transmite de generación en generación, el joven dejó sus estudios al no encontrar en ellos un camino tangible para mejorar su situación. “Su dinero es la mayor entrada que asegura los alimentos en la mesa”, señala el reportaje.
Este fenómeno no es aislado. Otro menor de la misma edad trabaja con su padre cortando yerba en los potreros. Sin embargo, como indica Periódico 26, es el joven quien realiza el trabajo físico más demandante, mientras que el adulto se ocupa de la venta. Además, esta situación se repite en otros casos, como el de Dany, un niño que comercializa productos electrónicos importados en el concurrido bulevar tunero.
En este contexto, el artículo respalda una advertencia reciente de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien reconoció los indicios de este fenómeno durante una visita oficial del primer ministro Manuel Marrero Cruz a Las Tunas en diciembre de 2024. Como respuesta, se ha decidido crear una comisión multisectorial, en el marco de las habituales soluciones burocráticas.
Desde el gobierno local, Miguel González Velázquez, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, comentó que la edad legal para trabajar en Cuba es de 17 años. No obstante, admitió que muchos adolescentes de 14 y 15 años están involucrados en actividades familiares relacionadas con la agricultura o el sector privado informal.
Autoridades educativas como Juan Miguel Barrios, subdirector de Educación en Las Tunas, también se han manifestado al respecto. Afirmó que ningún niño ha abandonado sus estudios por motivos laborales, aunque reconoció que algunos adolescentes han dejado de asistir temporalmente para ayudar en labores agrícolas. «Nos reunimos con los padres, acordamos días y horarios, y volvieron a clases”, aseguró al medio local.
Algunos testimonios de maestros de nivel primario reflejan una realidad preocupante: niños de tan solo 12 años que venden dulces en las aulas o pan en sus barrios tras concluir la jornada escolar. Aunque algunos consideran esta práctica normal, se trata claramente de una forma de trabajo infantil.
Desde el marco jurídico
La fiscal Daisy Torres Álvarez enfatizó los riesgos legales y sociales que enfrentan las familias que permiten o fomentan estas prácticas. “Los adolescentes no están preparados física ni mentalmente para lidiar con personas inescrupulosas en entornos de venta callejera”, recordando que obligar a un menor a trabajar es un delito penado por la ley.
El marco legal cubano establece claramente las responsabilidades de los adultos en la protección de la infancia. El Código de las Familias regula la responsabilidad parental, que debe ejercerse en beneficio del interés superior del menor, respetando su grado de madurez y el libre desarrollo de su personalidad. Esta normativa reconoce a los niños como sujetos de derechos y obliga a padres y madres a garantizar su bienestar físico, emocional y educativo.
Además, el Código Penal vigente —actualizado en línea con tratados internacionales sobre derechos de la infancia— prevé sanciones severas contra el empleo de menores. El artículo 329 penaliza a quienes empleen a personas menores de 17 años, incluso con el consentimiento del menor o de sus tutores.
Las sanciones incluyen prisión y medidas accesorias como la suspensión de licencias económicas, la inhabilitación profesional y la pérdida de la responsabilidad parental, según el caso. Estas disposiciones buscan frenar un fenómeno que, aunque oficialmente condenado, sigue arraigándose ante la presión de la necesidad.
En un país donde históricamente se ha proclamado la protección de la niñez como un principio fundamental, permitir que los menores asuman cargas económicas ante el deterioro de las condiciones de vida es una señal alarmante del fracaso de los mecanismos de asistencia y justicia social. Más allá de la respuesta legal o burocrática, la solución demanda una transformación estructural que devuelva a los niños el derecho a vivir su infancia con dignidad, juego y educación, sin ser forzados a ingresar al mundo adulto por la urgencia de la supervivencia.
