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Se cumplen seis años del secuestro de los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández en Kenia, y el gobierno de la Isla continúa sin ofrecer respuestas claras. De hecho, no ha realizado un solo pronunciamiento público al respecto en los últimos diez meses.
El silencio persiste, especialmente considerando que se trata de dos profesionales enviados a una zona peligrosa, bajo un contrato que generaba miles de dólares al Estado cubano.
Ambos fueron enviados a trabajar a Mandera, en la frontera con Somalia, una región que los médicos locales evitaban por miedo a ataques terroristas. Fue en abril de 2019 cuando Al-Shabab los secuestró. Y justo en febrero de 2024, hace poco más de un año, el grupo yihadista anunció su muerte durante un bombardeo de AFRICOM. El gobierno de la Isla no ha confirmado ni desmentido esta información.
El último pronunciamiento fue un post en X del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en junio del año pasado. Desde entonces, no ha habido un parte oficial, declaración en medios ni actualización para la población. El caso ha quedado en un limbo informativo, como muchos otros temas que el gobierno prefiere ocultar.
El argumento oficial es que la información es “escasa y contradictoria”. El propio MINREX ha culpado públicamente a Estados Unidos por la falta de datos. Mientras tanto, nadie aclara si las familias han recibido apoyo, si hay gestiones activas o si se reconoce oficialmente la muerte de los médicos.
Todo esto, más allá del trágico suceso, revela las condiciones en las que operan miles de profesionales cubanos exportados por el régimen: enviados a zonas remotas, en situaciones precarias, y con la mayor parte de su salario retenido por el Estado. Se trata de una maquinaria que prioriza los ingresos por encima de la seguridad de su personal.
Después del secuestro, el Gobierno trasladó al resto de los médicos a áreas más seguras en Kenia. Sin embargo, continuó enviando profesionales a regiones peligrosas. En México, por ejemplo, un grupo de galenos cubanos tuvo que ser retirado de Sinaloa por cuestiones de seguridad. La narrativa oficial continúa presentando estas misiones como “gestos de solidaridad”.
Si el Estado reconoce oficialmente la muerte de los doctores, se podrían activar las pensiones por viudez y para los hijos de las víctimas. La ley cubana establece, sin embargo, que deben transcurrir al menos tres años de desaparición, a menos que se trate de un desastre o conflicto armado, lo que encaja perfectamente en este caso, pero aún no ha sido procedido oficialmente.
Surgen preguntas como: ¿Se pagarán en proporción a lo que el Estado ganaba con ellos? ¿O será el equivalente en pesos cubanos de una pensión común, que no alcanza ni para cubrir necesidades básicas?
Tras seis años del suceso, lo que queda al descubierto es la lógica de un sistema que exporta médicos como recurso económico, pero los deja desprotegidos cuando las circunstancias escapan de su control.
