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La realidad cubana continúa sorprendiendo, como lo demuestra el anuncio del arrendamiento de la Tribuna Antimperialista José Martí, “en aras de sostener el legado de sus principios fundacionales”.
A través de un publirreportaje en medios estatales, los funcionarios de este espacio ubicado frente a la embajada de EE.UU. en La Habana comunicaron que el local “se complace en abrir sus puertas a las actualizaciones normativas de la política económica en el actual 2025”.
La Tribuna ha sido, durante mucho tiempo, el lugar emblemático para expresar la narrativa del gobierno cubano sobre soberanía e independencia frente al “enemigo histórico”. Por ello, el cambio hacia su uso comercial y alquiler para eventos empresariales genera desconcierto, con precios que rondan los 14 mil pesos cubanos por el uso del local.
En la breve nota de Cubadebate, se menciona que el espacio “está disponible para su utilización en actividades institucionales, empresariales y otras que resulten compatibles con su carácter”, sin ofrecer detalles concretos sobre los términos del arrendamiento ni criterios para determinar qué usos son “compatibles”.
El argumento implícito —aunque no explicado en la nota oficial— es el de siempre: la crisis económica y la necesidad de buscar ingresos donde sea. Esto plantea una reflexión en la Cuba actual sobre si los espacios públicos, o todos en general, son negociables.
El giro hacia el alquiler comercial va más allá de una simple “gestión de espacio”. Representa un cambio profundo en el uso simbólico del lugar, que pone de manifiesto la contradicción entre el discurso ideológico tradicional y la nueva realidad económica de la Isla.
