Foto: Cuba Noticias 360
Se repite el mismo guion, con nuevos actores pero el mismo desenlace: el gobierno cubano establece un tope en el precio del aceite y, al instante, el producto desaparece. No es necesario ser economista para entender que lo que no puede venderse a precio oficial se oculta, se encarece o se pierde.
Así lo deja claro el periodista Fernando Ravsberg: “Una película que ya hemos visto innumerables veces”. Y la población, como protagonistas obligados, lo confirma en redes sociales, en colas y en las calles.
Adquirirlo se convierte en una odisea. Si caminas por La Habana, la respuesta es: no hay, no se vende, lo tenemos oculto. Ravsberg mismo lo relata, quien tras recorrer muchos rincones terminó comprándolo como si buscara algo prohibido, de casa en casa, hasta encontrar a un anciano que lo ofrecía en secreto.
El control de precios impuesto por el Estado no solo ha fracasado en garantizar el acceso al aceite, sino que ha generado un mercado paralelo más opaco y costoso. Diversos testimonios obtenidos en diferentes puntos del país confirman que los topes oficiales solo son respetados en casos excepcionales.
De hecho, ya lo informamos en CN360, el litro de aceite ha llegado a costar hasta 2 000 pesos en algunas zonas del país, cercano al salario mínimo mensual. Aunque actualmente ha bajado ligeramente, oscilando entre 900 y 1 100 pesos en ventas mayoristas, continúa siendo inaccesible para una parte significativa de los cubanos que dependen de pensiones o sueldos estatales.
Las causas son bien conocidas. Desde el año pasado, el aceite no se ofrece en tiendas en CUP y su disponibilidad en la red de bodegas es esporádica y limitada. Por otro lado, el sector privado, que abastece una parte importante del mercado, también enfrenta obstáculos: mayores impuestos, restricciones en las importaciones y lentitud en la cadena logística. Todo esto se traduce en menor oferta y precios más altos.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, en su realidad paralela, insiste en que no hay razón para que el aceite aumente de precio. Durante una reunión reciente con autoridades, afirmó que el producto “ha bajado” y que venderlo por encima del tope estipulado es violar la ley. Sin embargo, el problema va mucho más allá de los “precios ilegales”; radica en el desabastecimiento estructural y una política que no logra asegurar una adecuada articulación entre oferta y demanda.
Mientras tanto, el mercado informal sigue siendo el verdadero indicador económico en Cuba. Si el dólar sube o baja, los precios se ajustan. En este juego forzado, los particulares deben sortear obstáculos legales y logísticos para mantener sus negocios a flote. Algunos, de hecho, han optado por cerrar sus medianas y pequeñas empresas.
Lo que sucede con el aceite en Cuba, y con gran parte de los productos de primera necesidad, es el reflejo de una política económica que no encuentra soluciones sostenibles. El control de precios sin un respaldo productivo ni una logística eficiente solo crea distorsiones. El resultado: el producto desaparece, el mercado informal lo absorbe y el cubano paga las consecuencias.
