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Año tras año, durante los meses de verano, se hace cada vez más evidente un fenómeno de larga data en el balneario de Ancón, similar a lo que ocurre en casi todas las playas de Cuba: comerciantes estatales y privados se «reparten» la duna, dificultando el libre tránsito y disfrute de las áreas de baño.
Con el objetivo de «meter en cintura» esta problemática antes de que comience oficialmente el verano, la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Trinidad está implementando medidas para abordar a los actores económicos, tanto estatales como particulares, que limitan el principio de que «las playas son de libre disfrute para todo el pueblo sin ningún tipo de obstáculo».
Según reportes de la prensa local, en recorridos sistemáticos realizados por directivos y técnicos de la entidad, la ocupación ilegal de espacios públicos en la zona de la duna ha emergido como un asunto alarmante, con mayor visibilidad en el balneario de Ancón, uno de los más visitados tanto por el turismo nacional como internacional.
Blanca María Pérez Bravo, directora de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Trinidad, reconoció que su equipo ha tenido que lidiar con la falta de comprensión por parte de estatales y particulares, quienes se apropian de zonas para llevar a cabo su actividad comercial sin consulta previa.
“En este contexto, nos vimos obligados a tomar medidas desde un enfoque legal —admitió Pérez Bravo—. Lo que necesitamos es eliminar todas las ilegalidades; la imagen actual de la playa es completamente diferente”.
La funcionaria también destacó que la misión del organismo que dirige es ordenar de acuerdo a las normas establecidas, comenzando siempre con un apercibimiento como recurso inicial, y solo recurriendo a la multa cuando la infracción no es corregida.
Entre las violaciones más comunes se encuentran la ocupación de espacios de sombra bajo sombrillas de guano y árboles, la delimitación de ciertas áreas con cercas o sogas para fines económicos, y la señalización con vallas o carteles que no cuentan con la debida autorización.
A pesar de que la funcionaria subrayó que las playas son públicas para el disfrute de todos y no para el enriquecimiento ilícito de unos pocos, la temporada de verano 2025 será una prueba práctica de la efectividad de esta cruzada contra los usurpadores de la duna.
