El juez estadounidense Amit Mehta emitió un fallo que permite avanzar en la demanda de la petrolera Exxon Mobil Corp. contra dos empresas estatales cubanas, reclamando compensación por una refinería y otros activos que fueron incautados tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
Este caso, presentado en 2019, se lleva a cabo en una corte federal de Estados Unidos, donde Exxon busca recibir 280 millones de dólares de las compañías Corporación Cimex SA y Unión Cuba-Petróleo, conocida como Cupet.
Exxon argumenta que Cimex y Cupet participaron en el «tráfico ilegal de propiedades confiscadas», que incluye cientos de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento, una terminal marina y la famosa refinería Ñico López en La Habana.
Dichas propiedades fueron embargadas por el Gobierno revolucionario en 1960.
“Estamos conformes con la decisión del tribunal de permitir que este juicio continúe. La decisión sigue respaldando nuestra demanda de que ExxonMobil debe recibir una indemnización por sus activos expropiados”, declaró el portavoz de Exxon, Todd Spitler, citado por Bloomberg.
La postura de las compañías cubanas no es públicamente conocida. Según informes de prensa, han intentado desestimar la demanda argumentando que son agencias de un gobierno extranjero, lo que las eximiría de este litigio bajo la aplicación de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras.
El fallo de Mehta, publicado el miércoles, estableció que hay una excepción en estas normas que permite continuar con la demanda de Exxon y también le da a la compañía estadounidense la posibilidad de recolectar evidencias que respalden la viabilidad legal de su acción.
La multinacional fue de las primeras en demandar a Cuba desde que la administración de Donald Trump activó una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996.
Esta se refiere específicamente al Título III de la Ley, que había sido suspendido por presidentes anteriores, y establece que ciudadanos, en su mayoría cubano-americanos, pueden presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra empresas que se benefician o hacen negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno después de 1959.
