Fotos: Jorge Luis Borges
Como es bien sabido, el tema de los precios y su regulación es altamente controversial y afecta a toda la población cubana.
Con el propósito de explicar el funcionamiento destinado a controlar esta situación en el país a través del Decreto 30, diversas autoridades comparecieron en la Mesa Redonda. Asimismo, discutieron sobre las multas y sanciones, así como las cantidades que se deben abonar por cada infracción.
Se destacó que el objetivo del Decreto 30, publicado en la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria del 29 de enero de 2021, que deroga el Decreto 227 del primero de noviembre de 1997, es prevenir la generación de precios abusivos y especulativos. Este decreto es aplicable a personas naturales involucradas en la comercialización de bienes y servicios, tanto de forma mayorista como minorista.
En el contexto de precios, algunos se han centralizado (definidos por las autoridades del país) y otros no. En el segundo caso, el gobierno pide un control y cumplimiento de lo establecido, no solo en tarifas minoristas, sino también en las mayoristas.
El Decreto 30 presenta sanciones más severas y mayores montos de multas, actuando contra los precios especulativos y abusivos, con posibles decomisos de bienes y la tramitación de procesos penales si no se abonan las multas impuestas.
Para aclarar el tema, autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) especificaron:
– Precios abusivos: aquellos cuyo aumento supera un rango razonable comparado con productos similares o de la misma familia, buscando obtener una ganancia desmesurada.
– Precios especulativos: aquellos establecidos para productos, principalmente de primera necesidad, que superan los precios fijados por la autoridad competente, relacionados con operaciones de recompra, reventa o ambas, con el fin de obtener beneficios.
La directora de Inspección del MFP, María Josefa Pérez Machado, resaltó que en el decreto, en respuesta a esa conducta con los precios, el rango de las multas se sitúa entre 8,000 y 10,000 pesos, siendo una de las sanciones más severas. Además, se establecen elementos accesorios como el decomiso, la venta forzada y la obligación de hacer.
La aplicación de multas es otra cuestión. Se definió que estas oscilan entre 2,500 y 15,000 pesos, siendo las cuantías más altas para las violaciones de precios minoristas, dado su mayor impacto en la población.
Entre las agravantes por las cuales se impondrán multas se encuentran:
– La falta de información al público sobre el precio de los productos, la unidad de medida y su gramaje.
– Exhibir productos industriales sin etiquetas y precios definidos (esto podría costar entre 2,500 y 5,000 pesos).
– No actualizar el precio de productos cercanos a su fecha de vencimiento (entre 8,000 y 10,000 pesos).
Igualmente, Pérez Machado enfatizó que el inspector solo impone la multa y no es responsable de su cobro. Añadió que en los meses que ha estado activa la Tarea Ordenamiento se han recibido 6,097 quejas y denuncias, de las cuales 5,754 (94%) han sido respondidas y de este porcentaje, 4,541 (79%) resultaron fundadas.
Se mencionó que se han aplicado 33,229 medidas, principalmente relacionadas con multas y decomisos en el sector estatal. En el sector no estatal, se han detectado 33,722 infracciones, lo que ha llevado a aplicar 36,357 sanciones.
También se han llevado a cabo acciones de control sobre precios mayoristas, alcanzando un total de 7,005 desde el inicio de la Tarea Ordenamiento, en las que se han identificado 5,952 (85%) violaciones y se han impuesto aproximadamente 5,305 medidas.
La directora de Multas del MFP, Heidi Bas Sosa, explicó que existen 168 oficinas de Control y Cobro de Multas, organizadas por los Órganos Locales del Poder Popular, responsables de realizar los trámites de cobro y aplicar los procedimientos correspondientes. A partir del 30 de marzo, el pago también podrá realizarse a través de Transfermóvil.
Reportó que desde la implementación del decreto a principios de febrero, se han impuesto 2,880 multas por un monto total de 7,888,000 pesos, de las cuales se han liquidado 368, equivalentes a 1,961,000 pesos.
Esto es lo que se discutió en el programa televisivo; sin embargo, la población tiene sus quejas individuales, algunas de las cuales fueron expresadas en los comentarios del sitio Cubadebate tras la publicación de la Mesa Redonda.
Un usuario llamado Raúl comentó: “Es correcto que se haya emitido el Decreto 30. El problema principal es cómo se aplicará y quiénes se encargarán de su implementación. Se ha generalizado la manipulación de precios en todos los espacios, tanto en el sector público como en el privado. Es una tarea titánica establecer el orden necesario”.
Algunos instaron a los dirigentes a salir a la calle para verificar los precios de esos servicios en lugar de realizar tantas reuniones; a recorrer los mercados, cafeterías, paladares, dulcerías, peluquerías, y vendedores ambulantes. También cuestionaron otros aspectos, como los impuestos del Estado sobre dietas de personas enfermas: “¿Eso no es un precio abusivo también?”, preguntó una internauta. “¿Quién regula los precios abusivos del Estado?” cuestionó otra persona.
