Texto: Hugo León
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En respuesta a la solicitud de emergencia del presidente Donald Trump para reanudar la deportación expedita de migrantes a países distintos de su lugar de origen, la Corte Suprema de EE.UU. falló a favor de la petición, marcando otra victoria para la administración republicana en su agenda de deportaciones masivas.
La decisión, que niega a los afectados la oportunidad de demostrar los graves perjuicios –incluido el riesgo de tortura– que podrían enfrentar en sus destinos forzados, fue anunciada este lunes.
Los magistrados levantaron una orden judicial previa que obligaba al gobierno a otorgar a los afectados la posibilidad de presentar sus argumentos ante las autoridades migratorias.
Además, la medida de la Corte Suprema revierte una orden del juez federal de distrito Brian Murphy en Boston, emitida el 18 de abril, que había bloqueado temporalmente las deportaciones bajo esta política.
La jueza progresista Sonia Sotomayor, acompañada por los otros dos magistrados liberales del tribunal (Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson), criticó severamente el fallo, el cual calificó como un “abuso flagrante” de la discrecionalidad judicial.
“Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al Gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió en su disenso.
“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, añadió la magistrada.
¿Cuáles son los antecedentes de la decisión de la Corte Suprema?
Este caso surgió luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementara medidas en febrero para acelerar las deportaciones hacia naciones con las que EE.UU. mantiene acuerdos migratorios, pero que no son necesariamente el país de origen del migrante.
Ante esta situación, grupos de defensa de derechos de inmigrantes presentaron una demanda colectiva en nombre de un grupo específico que enfrentaba deportación inminente, argumentando que se les negaba cualquier aviso previo o posibilidad legal de exponer los riesgos que enfrentaban.
El juez Murphy había dictaminado previamente que el Gobierno violó su orden inicial al intentar deportar sin los nuevos procedimientos requeridos a un grupo de migrantes hacia Sudán del Sur, un país que catalogó como políticamente inestable, caracterizado por “la delincuencia, los secuestros y los conflictos armados”.
Tras la intervención judicial previa de Murphy, el Gobierno estadounidense se vio obligado a retener temporalmente a los migrantes afectados en una base militar en Yibuti.
Entre las personas detenidas que iban a ser deportadas en un vuelo bloqueado se encuentra un nacional de Sudán del Sur; los demás son originarios de Cuba, México, Laos y Vietnam.
Según la administración de Trump, si recibe garantías de un gobierno extranjero de que el migrante no será torturado, no tiene que notificar al afectado que será deportado, por ejemplo, a Sudán del Sur.
Trump ha presentado más de una docena de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, la mayoría exitosas, incluyendo la que pone fin al estatus de protección temporal para venezolanos y la eliminación del parole humanitario para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos.
